La Fiscalía General de la Nación reveló en audiencia judicial que la empresa de venta de ropa Lili Pink implementaba pruebas de polígrafo a sus propios empleados con el objetivo de detectar infiltrados o posibles informantes de las autoridades, como parte de un sofisticado entramado de lavado de activos, contrabando y fraude aduanero que llevó a la imputación de cargos contra ocho personas vinculadas a la compañía. La audiencia, celebrada el pasado 23 de julio de 2026, expuso cómo los altos mandos de la organización buscaban a toda costa proteger sus operaciones ilegales, restringiendo el flujo de información interna y aplicando métodos de control que incluyeron la alteración de registros aduaneros y la creación de empresas fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos ilícitos.
La red criminal, según el ente acusador, habría movido más de 730 mil millones de pesos en operaciones de lavado de activos, mientras que el enriquecimiento ilícito se calcula en más de 430 mil millones de pesos y el contrabando detectado supera los 75 mil millones. Durante las diligencias, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) logró decomisar mercancía avaluada en más de 54 mil millones de pesos. Entre los procesados se encuentran Max Abadi, cofundador de Lili Pink, y Roxana Mendoza, gerente de recursos humanos de la compañía, quienes junto a otros seis empresarios y representantes de sociedades fueron imputados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, cargos que ninguno de ellos aceptó.
Polígrafos y control extremo sobre los trabajadores
Uno de los elementos más reveladores de la investigación fue la evidencia de conversaciones interceptadas entre Abadi y Mendoza, en las que se discutía abiertamente la necesidad de someter a los empleados a pruebas de polígrafo para identificar a posibles infiltrados. “Bueno, yo quiero discutir contigo, y no sé con quién más, con Claudia o con quién, a ver qué gente mala tenemos en la empresa”, le dijo Abadi a su gerente de recursos humanos, quien respondió: “Uy, don Max, de hecho, yo creo que con William, incluso, ya tuvimos esa conversación esta semana y él quedó en hacer una revisión para que yo mande a un grupo a hacer poligrafías”. La fiscalía sostiene que estas prácticas buscaban salvaguardar el esquema de contrabando y lavado, manteniendo en secreto información crítica como la llegada de contenedores con mercancía irregular.
“No pierdan la plata ni el tiempo. Tenemos que saber quiénes son y sabemos si sí o no”.
Max Abadi, cofundador de Lili Pink
En la misma conversación, Abadi insistió en la necesidad de extremar las precauciones: “Sí, y más cuidado con los contenedores”, a lo que Mendoza replicó: “Sí, de hecho, lo que hablábamos con Yesid esta mañana y también con don William”. La gerente de recursos humanos confirmó que incluso dentro del equipo de seguridad se debía manejar la información con hermetismo: “Incluyendo la misma gente de seguridad, don Max. Que no todos sepan que está llegando. Eso hablamos esta mañana”. La Fiscalía detalló que el propio Abadi estableció como directriz que “el mínimo de gente tiene que saber. Tiene que saber el mínimo, mínimo”, lo que evidencia un control obsesivo sobre el flujo de información dentro de la organización.
Las técnicas de ocultamiento: doble marquilla y registros fraudulentos
Para evadir los controles aduaneros, la red utilizó una modalidad conocida como “doble marquilla” o sobreetiquetado, que consistía en alterar o reemplazar las etiquetas originales de las prendas importadas para ocultar su origen, destino y valor comercial. Asimismo, se introdujeron deliberadamente inconsistencias en los registros de la Dian, como anotaciones manuscritas y espacios en blanco en las declaraciones de importación, con el propósito de evadir el pago de tributos aduaneros. La Fiscalía precisó que la estructura criminal se apoyó en sociedades comerciales y empresas fachada para ingresar mercancías al país y dar una apariencia de legalidad a los recursos ilícitos, mientras que los altos mandos cerraban filas para evitar cualquier filtración que pudiera exponer sus actividades.
El caso sigue en etapa de investigación, mientras la justicia colombiana busca determinar la magnitud total de los delitos cometidos por esta red que, según las autoridades, operaba desde hace años aprovechando las debilidades del sistema aduanero y de control interno de la compañía.
