Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno de Gustavo Petro con el Clan del Golfo, también conocido como EGC, reveló en Doha, Catar, que los líderes del grupo armado enfrentarán cárcel si avanza el proceso de paz, aclarando que solo se debatirán las condiciones y los lugares de reclusión, mientras se registran progresos en las zonas de ubicación temporal y la desmovilización prevista a partir del 1 de marzo de 2026. En diálogos con Reuters y Caracol Radio, Jiménez subrayó que esta exigencia marca una diferencia clave con procesos previos como el de las FARC, donde se optó por penas alternativas, y enfatizó que el objetivo central es la desmovilización total de más de 9.000 integrantes que afectan a 135 municipios en el norte de Colombia.
Entre los cabecillas mencionados se encuentran Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; Gonzalo de Jesús Bustos Candelario, conocido como Gonzalito; Fredy Antonio Hernández Martínez, el Negro Sarley; y Andrés Felipe Hurtado Guzmán, o Andresito, quienes deberán someterse a centros penitenciarios en Colombia una vez determinado por el poder judicial y los sistemas de justicia transicional. Las negociaciones, con sesiones formales y acompañamiento internacional, han avanzado en protocolos de comunicaciones, seguridad y la definición de tres zonas de ubicación temporal, implicando una suspensión progresiva de capturas y extradiciones, junto con inversiones sociales y programas de sustitución de cultivos de coca.
Contraste con procesos anteriores y mediación internacional
El proceso en Doha cuenta con la mediación de Catar, Noruega, Suiza y España, mientras que Estados Unidos y Reino Unido han sido invitados sin respuesta confirmada hasta ahora, y pone énfasis en la participación de comunidades locales y autoridades para fortalecer la presencia del Estado en las regiones afectadas. Jiménez destacó que, a diferencia del acuerdo con las FARC, aquí no hay espacio para evadir la cárcel, sino solo negociar sus términos según el desarrollo del diálogo.
“Un aspecto que hemos conversado de manera muy precisa en el desarrollo de toda esta etapa previa y la que estamos adelantando ahora, que es de sesiones formales con acompañamiento internacional, es que va a haber cárcel”.
Álvaro Jiménez, jefe negociador
Este enfoque socio-jurídico busca una desmovilización completa, con el desarme explícito como paso ineludible, en un contexto donde restan ocho meses para el fin del mandato de Petro, pero con la convicción de que la construcción de paz trasciende un solo gobierno y debe volverse irreversible.
“Lo único que podemos discutir nosotros son las condiciones y los lugares, pero cárcel va a haber. ¿Cuánta, de qué tamaño? No nos corresponde a nosotros, le corresponde al poder judicial y a los sistemas de justicia transicional que puedan ser aplicables de acuerdo al desarrollo que vayamos obteniendo”.
Álvaro Jiménez, jefe negociador
“El objetivo de este proceso es la desmovilización del grupo armado. Está claro que habrá que desarmarse”.
Álvaro Jiménez, jefe negociador
Las declaraciones, verificadas con fuentes como Reuters y Caracol Radio, abren expectativas sobre respuestas del Clan del Golfo y posibles actualizaciones desde la Consejería Presidencial para la Paz, mientras se monitorean los avances hacia esas zonas temporales en 2026.
“Hay ocho meses para que el Gobierno del actual presidente llegue a su fin. El tiempo para construir paz va mucho más allá de un Gobierno. Nosotros vamos a avanzar y esperamos hacerlo de manera suficiente en consideración a que el proceso se vuelva irreversible”.
Álvaro Jiménez, jefe negociador
