En un caso que ha conmocionado a la comunidad del Atlántico, la Fiscalía General de la Nación judicializó a la madre de un niño de 7 años y a su pareja sentimental, quienes fueron imputadas por los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas. Se trata de Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo, madre del menor, y Sindy Patricia Santiago Echeverría, pareja de la madre, quienes fueron capturadas mediante órdenes judiciales en el municipio de Soledad, Atlántico, por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía y el Ejército. Durante las audiencias preliminares realizadas recientemente, ninguna de las procesadas aceptó los cargos imputados por el ente acusador.
Los hechos materia de investigación habrían ocurrido entre 2024 y 2026, cuando el menor presuntamente fue sometido a agresiones físicas y psicológicas en dos viviendas ubicadas en los barrios Simón Bolívar de Barranquilla y Costa Hermosa de Soledad. Según el dictamen de Medicina Legal, el niño presenta heridas en el rostro que le generaron una incapacidad de 25 días, además de secuelas que incluyen deformidad física permanente. De acuerdo con un familiar del menor, las agresiones le habrían ocasionado la pérdida parcial del labio superior y de varias uñas de las manos, detalles que reflejan la magnitud del presunto maltrato.
Un caso que revela un patrón de violencia continuado
La investigación estableció que el menor fue trasladado por su madre desde Cartagena hasta el Atlántico en 2024, momento a partir del cual perdió contacto con allegados por un tiempo, para luego reaparecer con las lesiones que hoy son objeto de investigación. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambas procesadas, argumentando la necesidad de proteger al menor durante el proceso, quien actualmente se encuentra bajo el cuidado de su progenitor. La defensa de las procesadas solicitó el aplazamiento de la audiencia para revisar la historia clínica del niño, por lo que el juez decidió diferir la continuación de la misma hasta el próximo 5 de octubre de 2026 a las 4:00 de la tarde.
Las procesadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso hasta que exista una sentencia en su contra.
Fiscalía General de la Nación
El caso ha generado gran preocupación entre las autoridades por la presunta continuidad de las agresiones durante un periodo prolongado. Tras el aplazamiento de la audiencia, el ente acusador espera que el juez decida sobre la medida de aseguramiento en la próxima diligencia, mientras el menor permanece bajo la protección de su padre. La comunidad de los barrios donde ocurrieron los hechos espera que este caso sirva como precedente para fortalecer la protección de los derechos de los menores y evidenciar la importancia de denunciar a tiempo cualquier tipo de violencia contra la niñez.
