En Bogotá, el magistrado Carlos Camargo Assis de la Corte Constitucional expidió un auto el 14 de enero de 2026, mediante el cual avoca el conocimiento del proceso RE-387 para revisar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 de 2025, emitido por el presidente Gustavo Petro, y decretó la práctica de diversas pruebas destinadas a esclarecer el caso.
Este decreto, expedido el 22 de diciembre de 2025, declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, lo que activó el control automático de constitucionalidad por parte del alto tribunal. Apenas un día después, el 23 de diciembre, la Secretaría Jurídica de la Presidencia remitió a la Corte una copia auténtica del decreto junto con los soportes administrativos necesarios, incluyendo comunicaciones dirigidas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la ONU.
Pruebas clave para evaluar exequibilidad
Entre las pruebas ordenadas por el magistrado Camargo Assis figuran informes presupuestales detallados, certificaciones de gastos derivados de desastres naturales y solicitudes de recursos adicionales, todas dirigidas a entidades públicas y expertos relevantes, con el fin de recopilar elementos suficientes para proyectar una ponencia sobre la exequibilidad del controvertido decreto en el expediente RE-387.
Esta intervención judicial marca un paso crucial en la revisión del marco legal que permite al Gobierno Nacional enfrentar emergencias, subrayando la importancia de verificar el cumplimiento de requisitos constitucionales en medidas de esta envergadura, en un contexto de desafíos económicos y sociales que afectan al país entero.
