El magistrado Carlos Roberto Solórzano, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, emitió un salvamento de voto en contra de la extradición a Venezuela de Johan Michael García Rojas, conocido como alias Gallina, un integrante del Tren de Aragua. Esta decisión se tomó en el marco de un proceso reciente de extradición, argumentando violaciones sistemáticas de derechos humanos en ese país, basándose en informes internacionales y tratados ratificados por Colombia, que alertan sobre riesgos de tortura, detenciones ilegales y tratos degradantes.
Alias Gallina enfrenta imputaciones por delitos graves como tráfico de estupefacientes, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, y financiamiento al terrorismo. En su salvamento, el magistrado Solórzano citó informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que documentan detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual en Venezuela, así como crímenes en zonas mineras de Bolívar que incluyen asesinatos, secuestros y tratos crueles.
Debates previos y controversia internacional
Esta posición reaviva la controversia sobre las extradiciones a Venezuela, en un contexto de debates previos en la Sala Penal, como el de abril de 2024 sobre Édgar Alonso Valencia Quesada por homicidio y estafa, y el del 7 de mayo respecto a Germani Gabriel Blanco Moreno por homicidio calificado. Colombia tiene la facultad de juzgar estos delitos bajo el principio de extraterritorialidad de su Código Penal, y tratados como el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura prohíben tales extradiciones ante alertas de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
“completamente ilegítimo”
Carlos Roberto Solórzano, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
“violaciones sistemáticas de derechos humanos como política de Estado”
Carlos Roberto Solórzano, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
El salvamento de voto de Solórzano subraya la necesidad de priorizar los derechos humanos sobre las extradiciones en contextos de riesgo probado, fortaleciendo el debate jurídico en Colombia sobre cómo equilibrar la cooperación internacional con la protección de los procesados frente a sistemas penitenciarios cuestionados globalmente.
