Magistrados de Bogotá revisarán libertad de exministros Velasco y Bonilla para juicio

Compartir en redes sociales

El Tribunal Superior de Bogotá designó a tres magistrados para revisar la apelación presentada por los exministros Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, con el fin de determinar si podrán enfrentar su juicio en libertad. La ponente del caso es la magistrada Alma Gertrudis Chamat, acompañada por Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal. Actualmente, Ricardo Bonilla se encuentra recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá, mientras que Luis Fernando Velasco permanece en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali, Valle del Cauca, ambos bajo medida de aseguramiento por su vinculación al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

El proceso de asignación de estos magistrados surgió tras la recusación de seis despachos iniciales, que rehusaron asumir el caso debido a un conflicto de competencias entre las juezas Catalina Guerrero Rosas y Ramiro Riaño. Además, el magistrado Juan Carlos Arias se encuentra en licencia no remunerada por un año, lo que complicó aún más la repartición. Esta decisión resuelve las recusaciones previas y marca un avance en el trámite de la apelación contra el encarcelamiento de los exfuncionarios.

El contexto del caso Ungrd

Los exministros están privados de la libertad como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión de recursos de la Ungrd y el Invías, conocido como el caso Ungrd. La resolución de estos magistrados será clave para definir si Velasco y Bonilla continúan en reclusión hasta que la Corte Suprema de Justicia lleve a cabo el juicio oral. La información sobre esta asignación fue revelada por La FM, destacando la relevancia del proceso en medio de las múltiples recusaciones que han dilatado el trámite.

Esta revisión representa un paso decisivo en el expediente judicial, donde se pondrá a prueba la solidez de las medidas de aseguramiento impuestas, en un contexto de escrutinio público sobre la corrupción en entidades clave del Gobierno anterior.

Sigue leyendo