Salvatore Mancuso, gestor de paz del Gobierno y exjefe paramilitar, defendió la legalidad y necesidad de su esquema de seguridad, que supera los 200 millones de pesos mensuales, como una obligación estatal derivada del proceso de paz y no como un privilegio personal. En un comunicado público difundido en canales oficiales y su cuenta en la red social X, Mancuso respondió a las revelaciones de W Radio sobre los costos detallados en una respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a un derecho de petición, tras su regreso a Colombia en 2024 como desmovilizado para participar en procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con comunidades.
El esquema, justificado por estudios técnicos de riesgo de la UNP y compromisos judiciales y políticos del Estado, incluye una nómina de cerca de 94 millones de pesos al mes para ocho escoltas, con un costo por escolta de 11,7 millones de pesos, además de viáticos de 180.000 pesos diarios por 15 días al mes por integrante. Cuenta con tres vehículos blindados, un vehículo convencional y chalecos de protección, y presenta modificaciones como internet satelital Starlink, refuerzos en amortiguadores y suspensión, ordenadas por autoridades judiciales e implementadas por la UNP, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o la JEP. Según el sindicato Analtraseg, que reportó los costos de la nómina de escoltas, este esquema es cuatro veces menor que los asignados a exintegrantes del Secretariado de las Farc.
La justificación de Mancuso ante el debate público
Las revelaciones de W Radio generaron un amplio debate público por la magnitud de los gastos, especialmente en comparación con los esquemas de protección para líderes sociales, aunque la UNP lo respalda por el nivel de riesgo extraordinario ligado al rol de Mancuso como gestor de paz y su exposición pública. En su comunicado, Mancuso enfatizó que el tipo y modelo del esquema no obedece a preferencias personales, sino al resultado de estudios técnicos de riesgo.
«El tipo y modelo de esquema de seguridad asignado a mi caso no obedece a preferencias personales, es el resultado de estudios técnicos de riesgo».
Salvatore Mancuso, gestor de paz
Agregó que la obligación del Estado de brindarle protección no es un privilegio ni un beneficio discrecional, sino una garantía inherente a la desmovilización, nacida de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de una negociación política de paz, y que no existe trato excepcional, ya que ningún componente supera lo sustentado por estudios técnicos y obligaciones legales, judiciales y políticas.
«La obligación del Estado de brindarme protección no es un privilegio ni un beneficio discrecional, es una garantía inherente a la desmovilización y nace de los compromisos que Colombia asumió en el marco de una negociación política de paz».
Salvatore Mancuso, gestor de paz
«No existe trato excepcional y ningún componente del esquema supera lo que está rigurosamente sustentado por estudios técnicos y por las obligaciones legales, judiciales y políticas que rigen al Estado colombiano».
Salvatore Mancuso, gestor de paz
Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz & Reconciliación, cuestionó el proceso al afirmar que da la sensación de que ha sido mucho más político que un ejercicio serio y documentado para cerrar Justicia y Paz. Fuentes como la UNP, el comunicado de Mancuso en X, W Radio, Colprensa y Analtraseg respaldan las cifras y detalles verificados.
