La excongresista María José Pizarro, militante del Pacto Histórico, salió al paso de las acusaciones que la vinculan a presuntos contratos a cambio de favores sexuales en el gobierno de Gustavo Petro, al tiempo que denunció una campaña de desprestigio y linchamiento mediático en su contra. Su nombre fue incluido en una denuncia radicada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo que motivó un pronunciamiento público a través de su cuenta en la red social X, donde rechazó de manera categórica las versiones difundidas por algunos medios de comunicación.
La dirigente política afirmó que se trata de la segunda vez en un mes que debe enfrentar señalamientos sin fundamento, los cuales, a su juicio, obedecen a una estrategia orquestada para apartarla del ejercicio de representación ciudadana. En su escrito, Pizarro advirtió que las acusaciones carecen de sustento y buscan convertir una simple mención sin pruebas en una condena social, alimentada por lo que denominó “prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros”.
Una defensa frontal contra el linchamiento digital
«Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas».
María José Pizarro, excongresista del Pacto Histórico
La denuncia original, presentada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, menciona presuntas irregularidades en el Congreso de la República relacionadas con la asignación de contratos a cambio de favores sexuales durante la administración de Gustavo Petro. Pizarro, quien ha sido una figura destacada dentro del Pacto Histórico, aseguró que las versiones difundidas carecen de todo sustento probatorio y forman parte de una campaña de desprestigio en su contra. La noticia, que continúa en desarrollo, ha generado reacciones divididas en el espectro político colombiano, mientras la excongresista insiste en que no permitirá que se atente contra su honra y su trayectoria política.
