Tres reconocidas firmas de abogados asumieron conjuntamente la representación legal de la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral, investigada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto, tras haber firmado un auto que ordenaba la suspensión provisional del expresidente Gustavo Petro. El anuncio, realizado en julio de 2026, confirmó que las firmas Mario Iguarán Abogados, MDíaz Abogados y Víctor Mosquera Marín Abogados integrarán un equipo jurídico integral que actuará tanto ante autoridades nacionales como en instancias internacionales.
La defensa penal estará liderada por los abogados Mario Iguarán Arana, exfiscal General de la Nación, y Marlon Fernando Díaz, exprocurador judicial. Por su parte, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados se encargará de la estrategia internacional. Según el comunicado oficial de las firmas, «junto con sus respectivos equipos, estarán al frente de la estrategia jurídica y la representación de la excongresista ante las autoridades nacionales». Las tres firmas conforman un equipo jurídico integral y actuarán de manera coordinada, con independencia, rigor y los más altos estándares profesionales en la defensa de los derechos e intereses de Gloria Arizabaleta, según el mismo comunicado.
Los hechos que dieron origen a la investigación
La Corte Suprema de Justicia abrió indagación formal contra Arizabaleta, quien fue representante a la Cámara por el Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El caso se originó luego de que la excongresista firmara un documento que ordenaba «suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m., en los términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Contra esta orden no procede recurso alguno», según reza el texto del auto.
El congresista Alejandro Ocampo, también del Pacto Histórico, puso en duda la validez del documento al afirmar en declaraciones a Blu Radio que «lo sacaron de su oficina, de su correo, pero no existe en la Comisión ningún auto. Una sola investigadora no puede suspender al presidente, no tiene validez». La providencia establecía la suspensión del entonces presidente por su presunta participación en actividades políticas relacionadas con las elecciones presidenciales de la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, alegando vulneración de normas de neutralidad.
«Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no es, no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión.»
Gustavo Petro, expresidente de Colombia, desde Nueva York
El expresidente Gustavo Petro calificó el hecho como una posible extorsión, mencionando además una denuncia contra Arizabaleta por presuntas presiones burocráticas que habrían constituido una extorsión. La Corte citó a Arizabaleta a indagatoria, basando en declaraciones y evidencias documentales en el expediente. Las tres firmas anunciaron que la defensa la penal y la estrategia internacional estará a cargo de sus equipos, mientras la Corte Suprema inició la investigación formal por los delitos mencionados, vinculados al auto que firmó para suspender provisionalmente al expresidente Gustavo Petro.
