Un informe de la OPS y UNICEF advierte que la violencia contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo una amenaza estructural en la región y pide fortalecer las políticas públicas para su prevención y atención.
La violencia continúa afectando de manera grave la vida y el bienestar de millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, según una nueva investigación publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El informe, titulado Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: nuevos datos y soluciones, revela que entre 2015 y 2022 un total de 53.318 menores de edad fueron víctimas de homicidio en la región, una cifra que refleja la persistencia de contextos de alta vulnerabilidad.
Los datos más recientes muestran un aumento significativo de la violencia letal contra mujeres jóvenes. Entre 2021 y 2022, la tasa de homicidios en este grupo se duplicó y alcanzó cinco muertes por cada 100.000 habitantes. En el mismo periodo, la tasa de homicidios entre adolescentes varones descendió de 17 a 10 por cada 100.000, aunque sigue siendo considerada elevada.
De acuerdo con el documento, la violencia letal está asociada principalmente al crimen organizado, el fácil acceso a armas de fuego, las desigualdades sociales y la persistencia de normas de género nocivas. No obstante, las agencias advierten que la violencia no se limita a estos factores ni a edades avanzadas.
El informe señala que seis de cada diez niños menores de 14 años sufren algún tipo de castigo violento en el hogar y que una de cada cuatro adolescentes ha experimentado acoso escolar. A estas situaciones se suma el aumento de los abusos y agresiones en entornos digitales.
El director regional de UNICEF, Roberto Benes, indicó que la violencia afecta múltiples ámbitos de la vida de los menores, incluidos el hogar, la escuela y la comunidad, y sostuvo que la implementación de políticas públicas sostenidas puede generar cambios significativos.
Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, destacó la importancia de los servicios de salud para identificar oportunamente a las personas en riesgo y ofrecer apoyo integral. El informe propone, entre otras medidas, fortalecer las leyes de protección a la infancia, regular el acceso a armas, capacitar a docentes, policías y personal sanitario, y ampliar los servicios de atención y respuesta.
La publicación fue validada durante una consulta ministerial regional realizada en octubre de 2025, en la que participaron más de 300 funcionarios, representantes de la sociedad civil y organizaciones juveniles, con el objetivo de acordar acciones concretas para la protección de la niñez y la adolescencia en la región.
