En la madrugada del 8 de junio de 2026, la tranquilidad de la vereda Agua Clara, en la zona rural de San José de Cúcuta, se vio interrumpida por el hallazgo de tres cuerpos sin vida con evidentes signos de violencia. Los cadáveres, que yacían en unos pastizales contiguos a la vía que conduce a Puerto Santander, fueron localizados por habitantes del sector, quienes dieron aviso a las autoridades. De acuerdo con los primeros reportes de organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Corpades, dos de las víctimas presentaban impactos de bala y todas vestían jeans y camisetas de color beige y negro. Hasta el momento, la identidad de los tres hombres permanece sin confirmar, mientras una funeraria local se encargó del levantamiento de los cuerpos.
Una escalada de violencia que no cesa
Con este hecho, Colombia registra la masacre número 63 en lo que va de 2026, una cifra que evidencia la persistente crisis de seguridad en varias regiones del país. El suceso en Norte de Santander se produce en un contexto especialmente alarmante, ya que ocurre a menos de 48 horas de la masacre número 62, perpetrada el 7 de junio en Remedios, Antioquia, donde cuatro campesinos fueron asesinados, un crimen atribuido al Frente 4 del Embebido de las disidencias de las Farc. «Son dos masacres en menos de 48 horas en Colombia», denunció Corpades, organización social que ha hecho un seguimiento puntual de estos hechos de violencia, subrayando que «la situación mantiene en alerta a la población rural».
«Son dos masacres en menos de 48 horas en Colombia»
Corpades, organización social
Frontera en disputa y alertas ignoradas
La región de San José de Cúcuta, ubicada en una zona de frontera con alta actividad de grupos armados, es un escenario de disputas territoriales entre múltiples estructuras ilegales. Entre ellas se encuentran el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias, así como Los Rastrojos, Los Pelusos y diversas bandas locales. Esta convergencia delictiva había sido advertida por la Defensoría del Pueblo, que emitió la alerta temprana AT 013/25, donde incluye a San José de Cúcuta como un municipio en riesgo permanente. Adicionalmente, la alerta temprana AT 027/24 ya había señalado amenazas específicas para la población, como homicidios selectivos, prácticas de «limpieza social», restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y extorsión. A pesar de estas advertencias, la violencia sigue su curso, y líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos exigen una intervención urgente de las autoridades para frenar la escalada que mantiene en vilo a los habitantes de estas zonas rurales.
