El caricaturista y publicista Julio César González Quiceno, conocido como «Matador», denunció este martes 13 de octubre de 2026 que un alto funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó a su esquema de seguridad dejarlo solo y no informarle, en una publicación en su cuenta de X (@Matador000). En el mensaje, el humorista señaló directamente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en el marco de la controversia desatada por sus comentarios ofensivos contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, y pidió que la FLIP, la Fiscalía, Reporteros Sin Fronteras y la Defensoría del Pueblo conocieran la situación.
La denuncia se produce dos días después de que Matador publicara un trino, el domingo 11 de octubre, con expresiones despectivas hacia la primera dama, cuestionando el destino de las ayudas humanitarias tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, cuyas mayores afectaciones se concentraron en Armenia, Cali, Manizales, Pereira y Quibdó. «Bueno ratita… ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica», escribió el caricaturista, lo que generó una ola de críticas por parte de ciudadanos y de integrantes del Gobierno nacional, que calificaron los comentarios como ofensivos y machistas.
La denuncia de Matador y el señalamiento al presidente
En su publicación de este martes, Matador aseguró que «un alto funcionario de la @UNPColombia les dio la orden a las personas que me cuidan de que me dejaran solo y que, si yo preguntaba, no me dijeran nada». El caricaturista, quien concluyó su mensaje con la frase «Dejo constancia», señaló directamente al presidente Abelardo de la Espriella sin explicitar el motivo de su acusación, con una contundente afirmación: «¡Qué afán tiene Abelardo de empacarme en una bolsa blanca!». La defensora del Pueblo, Iris Marín, también se pronunció en su cuenta de X el 12 de octubre, señalando que «@Matador000 se ha convertido en la caricatura del hombre machista», en medio del intenso debate público sobre los límites de la sátira y la crítica política.
La denuncia paralela de Levy Rincón contra la UNP
La denuncia de Matador se suma a la presentada a inicios de octubre por el creador de contenido y activista Levy Rincón, quien advirtió que la UNP retiró nuevamente su esquema de seguridad pese a que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) había avalado su continuidad por riesgo extraordinario. Rincón, quien contaba con dos escoltas y una camioneta convencional, aseguró que el Cerrem autorizó en septiembre mantener sus medidas de protección, y que la decisión posterior desconoció esa evaluación. El activista ya había denunciado el 12 de septiembre el retiro de su esquema tras una evaluación rápida de la UNP, para luego señalar que la entidad le envió un correo ratificando su protección con base en una evaluación de julio.
En un duro mensaje, Rincón atribuyó la decisión a una persecución en su contra y denunció un supuesto plan para atentar contra su vida, con acusaciones directas contra el director de la UNP, Didier Blanco; el presidente Abelardo de la Espriella; el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional; y el ministro de Justicia, Iván Cancino. «El criminal Didier Blanco, director de la UNP, me quiere asesinar. Dejo constancia en este tuit de que este señor ha emprendido una persecución en mi contra por orden de Abelardo de la Espriella y Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional», escribió el activista, quien atribuye la supuesta persecución a sus denuncias sobre la compra de un software que habría sido utilizado para interceptaciones ilegales contra sectores de la oposición cuando Barrera Peña dirigía la Dirección de Inteligencia.
«Un alto funcionario de la @UNPColombia les dio la orden a las personas que me cuidan de que me dejaran solo y que, si yo preguntaba, no me dijeran nada»
Julio César González Quiceno («Matador»), caricaturista
Hasta el momento de la publicación de esta noticia, la Unidad Nacional de Protección no había emitido ningún pronunciamiento oficial sobre ninguna de las dos denuncias, y la controversia sigue escalando en el debate público colombiano, cruzando los límites entre la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas y la crítica política.
