En una audiencia reciente, la Fiscalía reveló un audio de dos minutos en el que Max Abadi, cofundador de la cadena de ropa íntima Lili Pink, le ordena a la gerente de recursos humanos de la compañía despedir a los empleados que hubieran filtrado información a la Dian sobre el presunto esquema de lavado de activos que investiga el ente acusador. La conversación, grabada en septiembre de 2023, se produjo después de que la Dian realizara varias inspecciones en las sedes comerciales de la empresa en Colombia, las cuales, según la Fiscalía, funcionaban como fachada para un entramado delictivo que operó durante al menos 10 años.
Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que en el audio, Abadi le pide a la funcionaria de recursos humanos, cuya identidad no ha sido revelada, que «hiciera una limpieza completa» y que identificara a «todos los que tengan algún vínculo» con las autoridades tributarias. La gerente de recursos humanos reportó que ya se habían registrado ocho despidos previos, dos de ellos por hurto y los demás por sospechas de colaboración con la Dian. «Tenían que descubrir quiénes eran las personas que están cerca de ellos, con quién se hablan, todo. Los que están robando, sí, pero los otros, por ejemplo, Sandra, a mí me parecía buena», afirmó Abadi en el audio, refiriéndose a una exempleada que ya había sido desvinculada.
La estrategia para ocultar el lavado de activos
El caso, que involucra a ocho empresarios imputados por la Fiscalía, gira en torno a un incremento patrimonial superior a los 442.000 millones de pesos. Los investigadores señalaron que Lili Pink empleaba más de 300 puntos de venta como fachada para un esquema de lavado que se extendió por más de una década. La estrategia incluía la creación de seis «empresas de papel» en Panamá —Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A. y One Boy S.A.— para justificar movimientos de mercancía y balances financieros. Prendas importadas desde Asia eran modificadas en Colombia, retirándoles la marquilla original para colocar etiquetas que dijeran «Hecho en Colombia», y luego las utilidades eran transferidas a otros países, consolidando el enorme incremento patrimonial.
En los operativos realizados, las autoridades hallaron cajas y productos con etiquetas «Hecho en Colombia» que en realidad provenían del extranjero. Productos registrados a nombre de dos importadores distintos y con referencias y marcas diferentes fueron encontrados en las mismas bodegas. Los administradores de las sociedades panameñas figuraban en los documentos, pero desempeñaban cargos operativos en Colombia, como conductores, operarios y abogados, lo que evidenciaba el entramado para ocultar el origen ilícito del dinero.
«Yo no sabía eso, me hablaron bien de ella, pero yo no sé. Importante en este asunto es buscar, hacer una limpieza completa; cualquier sospecha de cualquier cosita, para afuera. Necesitamos saber, entre tú y yo, todos los que tengan algún vínculo»
Max Abadi, cofundador de Lili Pink, en el audio revelado por la Fiscalía
En un giro procesal que podría afectar el curso de la investigación, la jueza del caso declaró ilegales parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía, argumentando errores en los procedimientos de allanamientos y en las órdenes de extracción de información, lo que vulneró el debido proceso. A pesar de este revés, el ente acusador continúa adelante con el proceso contra los ocho imputados, quienes deberán responder por el presunto lavado de activos que habría operado desde las sombras de una de las cadenas de ropa más conocidas del país.
