Desde Medellín, el concejal Alejandro de Bedout logró la apertura de un proceso formal de investigación contra el presidente Gustavo Petro ante la Cámara de Representantes, por su participación en un acto público celebrado el 21 de junio de 2025 con presencia de personas señaladas por vínculos con estructuras criminales; la denuncia fue presentada el 22 de junio de 2025. Este movimiento se sitúa como el primer proceso formal de este tipo en la historia reciente ante la Cámara, en un contexto en el que Petro enfrenta un listado de 114 procesos que, según el propio De Bedout, forman parte de su panorama judicial actual.
Los hechos cuestionados apuntan a irregularidades administrativas y penales asociadas a la participación de Petro en el acto, al presunto uso de recursos públicos para la organización y a la movilización de personas privadas de libertad hacia la tarima. Se señala, además, a líderes sociales con vínculos a estructuras criminales, y se advierte que el alcance de la denuncia podría involucrar a actores relevantes en la escena de Medellín y más allá. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Acusación con el objetivo de esclarecer estas circunstancias y determinar responsabilidades, mientras la tramitación se enmarca en el compromiso de actuar “en el marco de la ley” y con las garantías necesarias para denunciantes.
Contexto y alcance de la denuncia
Antecedentes: la denuncia presentada por De Bedout ante la Comisión de Acusación apunta a esclarecer el uso de recursos públicos en el evento del 21 de junio y la presunta movilización de personas privadas de libertad hacia la tarima; se señala a líderes sociales con vínculos a estructuras criminales. Por qué es noticia ahora: la apertura del primer proceso formal de investigación contra Petro ante la Cámara de Representantes se da dentro del marco de 114 procesos que enfrenta el mandatario, una cifra que contextualiza la salida de la denuncia de Medellín a un plano nacional. Impacto: la noticia provocó respuestas de la Comisión de Acusación y de otros actores, subrayando que el proceso se tramitará conforme a la ley y que se deben garantizar las condiciones de seguridad para quienes denuncian, con la UNP manifestando que actúa “como si no sucediera nada” respecto a esas protecciones.
Entre los datos secundarios, el comisionado Alejandro Carranza afirmó que la denuncia será atendida “en el marco de la ley” y que el proceso se adelantará “bajo el imperio de la ley”. Se reiteró que la seguridad de los denunciantes es una prioridad, y se mencionó que la denuncia involucra también a estructuras criminales muy poderosas presentes en la cárcel de Itagüí. De Bedout afirmó: “Sé que estoy en desventaja frente a quienes hoy ostentan poder, pero no tengo miedo. Daré el debate en derecho, con firmeza”.
«el tarimazo de Petro con cabecillas de estructuras criminales en Medellín» – Alejandro de Bedout, concejal de Medellín
«acto criminal» – Alejandro de Bedout
«Yo me estoy enfrentando a un monstruo, yo me estoy enfrentando al presidente de la República, la persona más poderosa del país» – Alejandro de Bedout
«Vamos a dar la batalla jurídica hasta el final» – Alejandro de Bedout
«Lo que todos vimos ese 21 de junio nos generó indignación absoluta: ver a estos cabecillas, a estos criminales montados en tarima como héroes, mostrándoles su poderío» – Alejandro de Bedout
«Hoy lo tenemos contra las cuerdas de una manera jurídica, dando una batalla muy fuerte» – Alejandro de Bedout
«Con usted no debe haber diferencia. Estaré atento si llega a recibir amenazas o constreñimientos; con el presidente y conmigo debatirá en derecho, nunca con violencia» – Alejandro Carranza
«Con usted no debe haber diferencia» – Alejandro Carranza
«nadie está por encima de la ley» – Alejandro de Bedout
«actúa como si no sucediera nada» – Unidad Nacional de Protección (UNP)
En síntesis, la apertura de este proceso formal contra Petro ante la Cámara de Representantes supone un hito en el entramado institucional y eleva la expectativa sobre cómo se desarrollará la investigación, con un marco legal que exigirá rigor y seguridad para denunciantes, y con un clima político en el que las tensiones y las compatibilidades entre poder y justicia serán objeto de escrutinio en las próximas semanas.
