En Medellín, la concejala Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático y exfiscal apodada “La Dama de Hierro”, presentó este martes una denuncia contra Verónica Alcocer por presunto uso de recursos públicos durante su gestión como Primera Dama y anunció la apertura de una investigación penal. En un video difundido en redes sociales, Carrasquilla afirmó que el país debe saber por qué Alcocer gastó más de $1.000 millones en viajes y asesorías, cuestionó qué hacía reuniéndose con criminales y señaló que la controversia incluye la presencia de Alcocer en La Picota, lo que añade mayor tensión al debate. La concejala afirmó que ese gasto no puede pasar por alto y aseguró que la vigilancia sobre el caso será constante, mientras el presidente Gustavo Petro confirmó la separación entre Alcocer y él.
La noticia se inscribe en un contexto de rumores sobre un distanciamiento entre Petro y Alcocer que han ganado fuerza en las últimas semanas. La discusión gira en torno al uso de fondos públicos durante la etapa en que Alcocer ocupó el cargo de primera dama y a las críticas de la oposición sobre la transparencia de esos gastos. Alcocer no reside en la Casa de Nariño desde hace varios meses y mantiene su vivienda fuera del país, en lugares como Suecia e Italia, lo que ha alimentado el escrutinio público. Además, la controversia se vincula con la supuesta inclusión de Petro, Alcocer y Nicolás Petro Burgos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un dato que ha sido utilizado por la oposición para cuestionar la legitimidad de la representación presidencial. Frente a ello, Carrasquilla pidió la apertura de una investigación penal y sostuvo que el uso de fondos estatales debe ser revisado con rigor, especialmente en un periodo donde la gestión de Alcocer se ha convertido en un eje de debate público y político.
Gasto, investigación y separación: la historia toma forma en el foco político nacional
En el desarrollo de la información, Carrasquilla ha detallado lo que considera irregularidades y ha insistido en que el gasto de representación debe explicarse con claridad. Aseguró que no se puede justificar el incremento en viajes y asesorías sin una justificación sólida y añadió que la discusión no se limita a hechos económicos, sino que implica responsabilidades éticas y administrativas. La concejala también ha destacado que la circulación de estas acusaciones ocurre en un momento en que la opinión pública observa con atención los vínculos entre la familia presidencial y las políticas de gasto público, además de la necesidad de transparencia ante la ciudadanía.
«Usted tendrá que explicarle al país por qué gastó más de $1.000 millones en viajes y asesorías» – Claudia Carrasquilla, concejala de Medellín
«¿Qué hacía reuniéndose con criminales?» – Claudia Carrasquilla, concejala de Medellín
«la estarán vigilando» – Claudia Carrasquilla, concejala de Medellín
El avance de este caso podría desencadenar consecuencias administrativas y penales, dependerá del curso de la investigación y de las respuestas institucionales que se adopten en los próximos días. Paralelamente, la confirmación de una separación entre la figura de Alcocer y el jefe de Estado añade un componente político adicional que podría alterar el escenario de la opinión pública y generar debates sobre la legitimidad de los gastos de representación y su impacto en la institucionalidad de la Presidencia.
