La Alcaldía de Medellín anunció la puesta en marcha de la primera cárcel en Colombia diseñada y ejecutada bajo una alianza público-privada, la Cárcel Metropolitana de Sindicados, situada en el corregimiento de San Cristóbal. El proyecto, promovido por la misma alcaldía con la participación de Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. (Prodemex) a través de Carmet Medellín S.A., tiene como objetivo estar terminada y operativa en el primer semestre de 2027 y busca descongestionar las estaciones de Policía mientras atiende fallos judiciales y constitucionales que exigen una infraestructura penitenciaria digna.
Entre los actores destacados figuran la Alcaldía de Medellín, Prodemex mediante Carmet Medellín S.A. y el abogado y profesor de la Universidad de Antioquia, Juan David Posada, cuyas observaciones y análisis acompañan el marco técnico y legal del proyecto. En este modelo APP, el privado asume la inversión, la construcción, la operación y el mantenimiento, mientras que el distrito se compromete a pagar la operación por al menos doce años después de que la cárcel entre en funcionamiento. Con ello se busca ampliar la capacidad de detención transitoria y generar inversión social y empleo local, en una iniciativa que implica una inversión total de aproximadamente 675.000 millones de pesos.
Una apuesta para descongestionar la policía y modernizar la justicia en Medellín
La iniciativa prevé una capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad en detención transitoria. En el contexto actual, las estaciones de Policía de Medellín albergan cerca de 1.600 sindicados, frente a una capacidad adecuada para unos 640 individuos, lo que ha dejado un hacinamiento que ronda el 150% y, en algunos casos, supera el 1.000%. La obra está proyectada para generar alrededor de 500 empleos durante su fase de mayor intensidad y también destinar 1.000 millones de pesos a obras comunitarias en San Cristóbal, como parte de la inversión social local. A septiembre, el avance de la construcción se ubicaba en un 3%, cifra que indica que el proyecto avanza, aunque todavía se encuentra en fases iniciales respecto a la fecha de culminación prevista. La financiación contempla que el pago por la operación se realice durante 12 años tras la entrada en funcionamiento, consolidando un esquema de largo plazo para garantizar la operación y el mantenimiento.
«al cobrar por persona que ocupa un espacio físico es como si fuera un hotel» – Juan David Posada, abogado y profesor de la Universidad de Antioquia
Contextualizando el movimiento, la noticia llega en un momento en que hay antecedentes de hacinamiento en las estaciones de Policía de Medellín y se busca dar respuesta a fallos judiciales y constitucionales que exigen una infraestructura penitenciaria digna. Este acuerdo, además de abrir marco para el primer proyecto carcelario en Colombia bajo APP, podría permitir que la Policía recupere funciones operativas que han quedado desbordadas por la saturación de los espacios de detención. Sin embargo, también se abre un debate sobre la viabilidad y los posibles riesgos de gestionar penitenciarias mediante alianzas con privados, un tema que deberá ser observado de cerca durante la implementación. No obstante, el proyecto incluye la inversión social y el empleo local como componentes centrales, además de la promesa de descongestionar una red policial que hoy enfrenta una demanda de capacidad y calidad de servicio. En cuanto a la vigilancia y seguridad, no se especifica aún si será realizada por personal público capacitado por la Alcaldía o por empresas privadas, quedando este aspecto por definir en las etapas finales del proceso.
