Ciudadanos de Medellín, incluyendo taxistas, comerciantes, trabajadores y residentes de barrios populares como La Floresta en la comuna 13, han elevado sus voces en testimonios recopilados por Infobae Colombia durante los últimos meses, denunciando los duros impactos de la gentrificación en sus vidas cotidianas. En medio del contexto de la Paz Urbana, un proyecto del Gobierno nacional que negocia con voceros de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí, y el auge turístico impulsado por conciertos como los de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot, estos habitantes relatan un alto costo de vida, arriendos disparados, preferencia por el empleo informal y un control criminal persistente en los barrios, todo agravado por la falta de participación ciudadana en las decisiones que les afectan directamente.
Los relatos destacan cómo la gentrificación ha desplazado a familias de larga data hacia espacios más pequeños y costosos, evidenciando un desequilibrio entre ingresos y gastos en una ciudad donde el salario mínimo mensual apenas alcanza los dos millones de pesos. Proveedores locales, como un distribuidor de arepas de una marca popular, han dejado de ingresar a ciertos barrios por negarse a pagar extorsiones conocidas como vacuna, obligando a los residentes a recurrir a soluciones improvisadas para mantener sus hábitos cotidianos.
Arriendos impagables y empleo informal como salida
Una trabajadora relató cómo, tras años en su vivienda, le exigieron desalojar de improvisto, obligándola a mudarse a un lugar más reducido por un arriendo que pasó de dos millones a tres millones de pesos mensuales, mientras el espacio anterior se convirtió en opción turística más rentable. Esta situación se repite en múltiples barrios populares de Medellín y el Valle de Aburrá, donde el salario mínimo no cubre ni el alquiler básico, impulsando a la población hacia actividades informales que prometen mayores ganancias, aunque precarias.
«Me pidieron de la nada, yo llevaba varios años ahí y me pidieron. Yo conseguí un arriendo ahí mismo por más plata y un lugar más pequeño. Ahora, donde yo vivía, está alquilado para temas turísticos; le sacan más dinero y por menos tiempo.»
Mujer trabajadora
El fenómeno se agrava con la visibilidad de precios elevados en aplicaciones de hospedaje previos a eventos masivos, confirmando el desplazamiento de la población de menor poder adquisitivo por turistas y nuevos residentes con mayores recursos.
Control criminal bajo la sombra de la Paz Urbana
A pesar de los avances proclamados en la Paz Urbana, los entrevistados señalan que las estructuras criminales, cuyos voceros negocian desde la cárcel de Itagüí, mantienen un férreo dominio en los barrios, regulando entradas y salidas, y advirtiendo a jóvenes contra delitos como robos, lo que paradójicamente ha reducido estos incidentes mediante amenazas de consecuencias severas. Sin embargo, esta «paz» no consulta a la comunidad, dejando a los habitantes sin voz en procesos que se presentan como benéficos para ellos.
«Ellos hablan en Itagüí, pero es una realidad que esos mismos son los que mandan en los barrios, los que dicen quién puede entrar y quién no. Por eso mismo ha bajado el tema de robos y esas cosas; los jóvenes están avisados de que no pueden hacer eso o hay consecuencias.»
Grupo de trabajadores
«A mí me gusta una marca de arepas, pero al barrio ya no llegan; el carro dejó de ir porque no quisieron pagar vacuna. Ahora que me toca, me toca comprarla en otros lados y llevarlas a la casa; estoy metiendo arepas de contrabando a mi barrio, ¿cuándo se había visto eso?»
Residente del barrio La Floresta, comuna 13
Los ciudadanos lamentan la ausencia total de políticos o autoridades en sus comunidades para indagar sobre sus realidades, percibiendo las iniciativas como impuestas desde arriba sin considerar sus necesidades diarias. En un Medellín que enfrenta temas nacionales recientes relacionados con seguridad y desarrollo urbano, estos testimonios subrayan la urgencia de incluir a la población en las estrategias de paz y transformación territorial.
«El mínimo no alcanza, subió a dos millones, pero no alcanza. Acá la gente prefiere trabajar vendiendo cosas, en cosas informales que puedan sacar más. Una familia con un mínimo no paga arriendo en la mayoría de barrios de Medellín.»
Mujer trabajadora
«Ellos salen a hablar de que es por el bien de nosotros, pero a nosotros nadie nos habla, nadie nos pregunta; es el bien de lo que ellos asumen. Acá nadie de los políticos que hacen eso ha venido a preguntarnos cómo vivimos.»
Entrevistados
