En Medellín, una solicitud de nulidad presentada ante las autoridades competentes cuestiona las resoluciones del Inpec que permitieron el traslado de varios cabecillas de bandas criminales desde la cárcel de Itagüí para participar en el evento Paz Urbana, conocido como tarimazo, celebrado el 21 de junio de 2025 en la Plazoleta de La Alpujarra. La iniciativa fue impulsada por el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, junto a la senadora Isabel Cristina Zuleta, señalada como presunta coordinadora de Paz Urbana, y plantean que esas resoluciones carecen de fundamento jurídico y violan la Ley 65 de 1993.
La denuncia detalla que los traslados se realizaron mediante resoluciones del Inpec y habrían involucrado a varios cabecillas trasladados desde la cárcel de Itagüí; si bien no se especifica un número exacto, se afirma que fueron varios la salida de presos para un acto público en Medellín, lo que generó críticas en su momento y ahora se somete a revisión jurídica y administrativa.
Impacto legal y político de la medida
Contextualizando, Paz Urbana, también conocida como tarimazo, atrajo críticas por la presencia de cabecillas de grupos armados en una tarima durante un acto presidencial, lo que llevó a cuestionamientos sobre si las salidas de presos podrían haberse gestionado para ese evento. La razón de actualidad de la información es la presentación de la solicitud de nulidad de las resoluciones del Inpec y la afirmación de que la Ley 65 de 1993 no permitiría traslados en esas circunstancias. El impacto potencial incluye la revisión de procedimientos de traslado de presos y de las decisiones administrativas involucradas, así como un posible efecto político sobre las personas y entidades que participaron en la organización del evento.
El material original, con crédito fotográfico de @FicoGutierrez/X, acompaña la cobertura para situar las imágenes en el marco de la noticia y facilitar la identificación de la cobertura visual de la jornada.
Este reporte de La Veintitrés Manizales seguirá con los desdoblamientos del caso y las posiciones de las autoridades, ya que la decisión podría abrir un debate sobre los controles a los traslados de detenidos y la interpretación de la Ley 65 de 1993 en contextos de alta visibilidad pública.
