Medicina Legal confirmó que Angie Pahola Tobar Calpa, de 26 años y estudiante de la Universidad Nacional de Medellín, murió el 27 de agosto, el mismo día en que fue secuestrada en la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó, Cauca, tras un enfrentamiento durante un operativo que dejó incinerado un camión de carga. Las versiones entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc se presentan opuestas sobre lo ocurrido, encendiendo un debate que persiste en la región.
Tobar Calpa era oriunda de Guachucal, Nariño, y viajaba en un camión de carga en compañía de un amigo de la familia y del ayudante del conductor cuando fueron retenidos en la vereda El Túnel. En el marco del secuestro, se desarrolló un enfrentamiento en el que fallecieron Angie Tobar y Adrián Marcillo, y un vehículo en el que viajaban tres ocupantes quedó incinerado. Los restos calcinados fueron identificados por Medicina Legal en la morgue de Popayán; aunque en un inicio la identificación podría haber presentado dudas, el dictamen definitivo se conoció el 22 de octubre. El caso generó una cobertura mediática amplia y un intenso escrutinio público, con una incertidumbre forense que se habría prolongado alrededor de dos meses. El 30 de agosto las disidencias de las Farc emitieron un comunicado que rebatía la versión oficial, alimentando la controversia sobre responsabilidad y circunstancias del hecho.
Versiones contrapuestas y verificación forense
En desarrollo de la información oficial, el Ejército Nacional indicó que durante la operación el Batallón de Infantería N. 7 de la Vigésima Novena Brigada, con apoyo del Grupo Liviano de Caballería N. 8, neutralizaron la acción de un grupo que consideraron terrorista, dando paso a un combate de encuentro que obligó a varios de los atacantes a huir. Según esta versión, un vehículo en el que se movilizaban tres presuntos integrantes del GAO-r quedó incinerado, lo que provocó la muerte de sus tres ocupantes. Por su parte, las disidencias de las Farc denunciaron que se trató de un ataque desproporcionado e indiscriminado por parte del Ejército y sostienen que los civiles eran supuestos miembros de la Farc-EP, usando la memoria de episodios pasados para señalar ejecuciones extrajudiciales.
«El segundo hecho ocurrido el 27 de agosto en Piendamó, Cauca, en medio de una persecución a unidades del Frente Dagoberto Ramos que llevaban dos retenidos con fines económicos, se produce un ataque desproporcionado e indiscriminado desde el Ejército Nacional, produciendo la incineración de una camioneta con pasajeros a bordo: Un camarada de las Farc-EP y los dos civiles (Adrián Marcillo y Paola Tobar). En declaraciones de los militares, presentan a los civiles como miembros de las Farc-EP, recordando las épocas pasadas del paramilitarismo y sus ejecuciones extrajudiciales”, según el comunicado citado por el medio mencionado. — Disidencias de las Farc
«Durante el desarrollo de la operación militar, el Batallón de Infantería N. 7 de la Vigésima Novena Brigada, con apoyo del Grupo Liviano de Caballería N. 8, logró neutralizar la acción terrorista, lo que dio paso a un combate de encuentro que obligó a varios de los delincuentes a emprender la huida. En el hecho, un vehículo en el que se movilizaban tres presuntos integrantes del GAO-r resultó incinerado, ocasionando la muerte de los tres ocupantes”. — Ejército Nacional
«En el lugar de los hechos se logró encontrar un vehículo que estaba siendo incinerado; dentro de él había tres personas. Esto es material de investigación”. — Brigadier General Alirio Aponte Sepúlveda, comandante de la Vigésima Novena Brigada
La investigación permanece abierta y la identificación de responsabilidades continúa bajo revisión, con la familia de Tobar y Marcillo buscando claridad sobre las circunstancias. La emergencia de la versión oficial y las denuncias de las disidencias alimentan un debate que trasciende lo local, mientras en Popayán se confirmó la presencia de la morgue para la identificación de los cuerpos, y la escena en la vereda El Túnel entre Popayán y Piendamó continúa en el centro de las investigaciones sobre el conflicto armado y los secuestros con fines económicos que persisten en la región.
