En una alerta que estremece al país, la defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que niños y adolescentes del litoral Pacífico están recurriendo a autolesiones e incluso a intentos de suicidio como mecanismo desesperado para evitar ser reclutados forzosamente por los grupos armados que operan en la región. La funcionaria hizo un llamado directo al Gobierno nacional para que adopte medidas de precaución en los operativos militares, particularmente en aquellos que involucran bombardeos, con el fin de proteger a la población menor de edad que, advierte, sigue siendo la principal víctima del conflicto armado colombiano.
La advertencia de la Defensoría del Pueblo no se limita al litoral Pacífico, sino que se extiende a otros focos de violencia como Catatumbo, Cauca y Guaviare, donde la presencia de estructuras armadas como el frente 33 y el ELN ha sembrado el terror en las comunidades. Según el diagnóstico de la entidad, el temor al reclutamiento es tan profundo que jóvenes de hasta 28 años han tomado la decisión de abandonar sus hogares para ponerse a salvo, mientras que las familias optan por sacar a sus hijos de los territorios, generando una pérdida progresiva de población joven en estas zonas.
Autolesiones como respuesta al terror
La defensora explicó que en el Pacífico se están registrando casos de suicidios, intentos de suicidio y graves afectaciones emocionales en menores, vinculadas no solo a la exposición permanente a los grupos armados, sino también a la violencia de género y al racismo estructural que históricamente ha golpeado a estas comunidades. El reclutamiento forzado, que según la Defensoría constituye un crimen de guerra, ha llevado a que los menores vean en el daño físico una vía para volverse «inútiles» ante los ojos de los captores, una situación que la funcionaria calificó como un fracaso colectivo del Estado.
«El Estado debe tomar unas medidas de precaución para evitar que siga siendo común la muerte de menores de edad, y debe evaluar hasta qué punto estos operativos de bombardeos realmente son la mejor forma de enfrentar estos grupos»
Iris Marín, defensora del Pueblo de Colombia
Marín insistió en que cuando se conoce o presume la presencia de menores de edad en los objetivos de las operaciones militares, las autoridades deben evaluar cuidadosamente los riesgos antes de actuar. La Defensoría pidió además un acompañamiento institucional integral, atención en salud mental para las víctimas y estrategias efectivas de prevención del reclutamiento, de manera que la protección estatal no llegue tarde ni obligue a los niños y niñas a seguir mutilándose o desplazándose como única alternativa para escapar de un destino que les ha sido impuesto por la guerra.
