En Colombia y América Latina, incluido Chile, ha experimentado un crecimiento acelerado el mercado negro de cuentas de repartidores para aplicaciones como Rappi y Uber, donde bandas criminales venden perfiles falsos por hasta 600.000 pesos, equivalentes a 160 dólares, específicamente para Rappi en territorio colombiano. David Rojas, director ejecutivo de Intexus, ha alertado sobre esta práctica que involucra la venta y arriendo de identidades ficticias, manipulando documentos y recurriendo a tecnologías avanzadas como deepfakes y SIM swapping para evadir las verificaciones de las plataformas.
Este fenómeno, impulsado por la informalidad laboral, la migración irregular y una regulación dispareja en la región, ha evolucionado rápidamente de simples cuentas compartidas a fraudes sofisticados con identidades completamente falsas, como documentó un reciente artículo de Bloomberg. En Chile y Colombia, las bandas criminales operan redes que comercializan estas cuentas activas, afectando no solo la logística de las apps de delivery, sino también la seguridad de los usuarios y la reputación de las empresas involucradas.
Escala del mercado y respuestas tecnológicas
Las cifras revelan la magnitud del problema: más de 800.000 cuentas ilegales de Uber y DoorDash circulan activamente en redes sociales, según el Tech Transparency Project, mientras que en Chile los precios para cuentas de Uber Eats, PedidosYa y Rappi oscilan entre 22 y 128 dólares. Una investigación de T13 en Chile expuso este mercado internacional de perfiles listos para usar, y Intexus ha recopilado datos sobre las operaciones de estas bandas en ambos países. Ante esto, las plataformas han implementado contramedidas como inteligencia artificial generativa, verificación biométrica facial y de voz, así como perfilamiento continuo para detectar anomalías.
«No está en riesgo solo la operación logística, sino algo mucho más valioso: la confianza. Basta un caso viral de suplantación para afectar la reputación, atraer la atención regulatoria y provocar la fuga de usuarios.»
David Rojas, director ejecutivo de Intexus
El auge de estos fraudes no solo pone en jaque la confianza de los consumidores, sino que podría derivar en mayor escrutinio regulatorio y una posible migración masiva de usuarios hacia competidores más seguros, subrayando la urgencia de una respuesta coordinada entre empresas, autoridades y expertos en ciberseguridad en Colombia y el resto de América Latina.
