Manizales enfrenta retos significativos en la gestión de la migración y la ocupación ilegal de terrenos. La Secretaria del Interior, Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, expone la situación actual, las políticas implementadas y los desafíos que persisten en la ciudad.
“Lo que nos compete a las entidades territoriales en el caso de los migrantes es que aquellos que se asientan de manera permanente en nuestra ciudad, dependiendo de la calidad de las personas o de la edad de las personas que conforman esos migrantes, empiezan a recibir acceso al sistema de salud y si son niños, niñas o adolescentes empiezan a ser parte del sistema educativo”
“Los operativos en las ocupaciones ilegales no es un tema estético, es un tema de vida o de muerte. Por eso es que nosotros hacemos controles permanentes”
Por GERMÁN MEJIA GALLO
Manizales ha sido destino de miles de migrantes en los últimos años, principalmente de origen venezolano. Según datos de la Administración Municipal, alrededor de 17.000 migrantes han llegado al departamento de Caldas, de los cuales 11.000 se han asentado en la capital.
La Secretaria del Interior, Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, explicó que la migración se da en diversas categorías, como refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y personas en situación migratoria irregular. «Colombia adoptó normas internacionales para la protección de estas poblaciones, garantizando derechos básicos como salud y educación para los migrantes establecidos en el territorio«, señaló Sánchez.
El registro y control de la población migrante corresponde a Migración Colombia, mientras que la Alcaldía de Manizales se encarga de coordinar la atención a quienes se establecen de manera permanente en la ciudad. «Es vital saber quiénes son, dónde están y en qué condiciones viven para garantizar la seguridad y la convivencia«, destacó la funcionaria.
Distribución y condiciones de los migrantes
El lugar de residencia de los migrantes en Manizales depende de sus condiciones económicas. Mientras algunos logran ubicarse en sectores de estratos medios y altos, otros se ven obligados a instalarse en barrios populares e incluso en zonas de ocupación ilegal, lo que aumenta los riesgos asociados a la informalidad y la falta de garantías básicas.
Además, se ha identificado un flujo constante de personas deportadas desde países con políticas migratorias estrictas, como Estados Unidos. «La deportación no es un delito, pero las personas en esta condición deben costear su regreso a su lugar de origen en Colombia», explicó Sánchez.
Invasiones de terrenos: un problema de seguridad y medio ambiente
Otro fenómeno que preocupa a la administración municipal es la ocupación ilegal de terrenos, ya sea para vivienda o para actividades económicas informales. «Estas invasiones han ocurrido principalmente en zonas de alto riesgo o de protección ambiental, lo que representa un peligro tanto para quienes habitan estos espacios como para el equilibrio ecológico de la ciudad«, advirtió la Secretaria del Interior.
Para controlar estas situaciones, la Alcaldía, en conjunto con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Medio Ambiente, realiza operativos permanentes de monitoreo y control. «No es solo un problema de legalidad o de orden, sino un tema de vida o muerte, especialmente en temporadas de lluvias cuando el riesgo de deslizamientos aumenta«, agregó.
Ocupación de espacios públicos y ventas informales
Otro aspecto relacionado con la ocupación ilegal es el uso indebido del espacio público con fines comerciales. «Los vendedores informales deben cumplir con requisitos establecidos en el Acuerdo 443 de 1999, como demostrar que su sustento depende exclusivamente de esta actividad y respetar las normas de uso del espacio público«, explicó Sánchez.
Actualmente, la administración ha realizado más de 500 estudios socioeconómicos para determinar quiénes cumplen con las condiciones para ejercer esta actividad de manera regulada. «Aquellos que no califiquen pueden solicitar permisos pagando una tarifa establecida, garantizando un uso equitativo del espacio público«, afirmó.
Cifras y desafíos a futuro
Se estima que en Manizales hay alrededor de 4.000 viviendas que no cumplen con las condiciones de habitabilidad mínima. Este panorama representa un desafío para la administración, que busca soluciones integrales para la población en situación de vulnerabilidad.
«Manizales sigue siendo una ciudad conservadora en muchos aspectos, pero la llegada de nuevas poblaciones nos reta a fortalecer la convivencia y la inclusión«, concluyó Sánchez Gutiérrez.
La administración municipal continuará con operativos y estrategias para regular la migración, prevenir invasiones y ordenar el uso del espacio público, buscando un equilibrio entre el desarrollo urbano y el bienestar de sus habitantes.
