El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, revelando un hecho que contrasta con la campaña del mandatario: en 2012, cuando era representante a la Cámara, Gómez Martínez impulsó un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa que fue archivada un año después. La propuesta, radicada el 24 de julio de 2012 bajo el número 029, buscaba reformar la justicia, modificar las reglas de reelección presidencial y revisar el modelo de ordenamiento territorial, especialmente las transferencias entre la Nación y los territorios. En la exposición de motivos, el entonces congresista argumentó que el Congreso no tenía capacidad para reformar la justicia debido a su vulnerabilidad frente a presiones del narcotráfico, la parapolítica, la corrupción, el clientelismo y la influencia de grupos económicos.
Gómez Martínez, en una columna publicada en Portafolio el 27 de junio de 2012, justificó la necesidad de una nueva asamblea: «No se pueden hacer las reformas que el país necesita con el actual sistema político. Hay que enfrentar el bloqueo institucional con una nueva Asamblea Constituyente». Además, agregó que «los únicos que pueden hacer saltar este cerrojo son los ciudadanos con una ola renovadora». Sin embargo, el proyecto fue archivado el 24 de junio de 2013, según lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley 5 de 1992, tras no contar con el respaldo suficiente en el Congreso. El entonces ministro del Interior, Federico Renjifo, declaró a El Espectador: «Lo que creemos es que están utilizando esa iniciativa como una forma de hacer política. Además, debe contar con una mayoría en el Congreso y no la tiene».
El contraste con la campaña de Abelardo de la Espriella
La designación de Gómez Martínez ocurre en un contexto en el que De la Espriella construyó su campaña presidencial defendiendo la Constitución de 1991 y rechazando cualquier convocatoria a una constituyente. Durante la campaña, el hoy presidente electo afirmó de manera categórica: «Eso es un horror que no vamos a tolerar. La Constitución no se cambia. José Manuel y yo vamos a defender la Constitución del 91. No a ese parapeto, a esa ilegalidad de Petro y de toda su bandola». La referencia a Gustavo Petro evidencia que la propuesta de constituyente fue un tema central en la contienda electoral, y ahora el designado ministro de Hacienda queda vinculado a una iniciativa similar a la que su jefe político condenó enérgicamente.
Gómez Martínez, en su columna de 2012, calificó la reelección presidencial como «una figura malsana ideada dentro de una circunstancia excepcional» y señaló que desde la Constitución de 1991 se habían realizado 35 reformas constitucionales, lo que a su juicio evidenciaba la necesidad de un nuevo pacto político. El proyecto contó con el copatrocinio de los congresistas Adriana Franco Castaño, Alfonso Prada Gil, Camilo Andrés Abril Jaimes, Fernando de la Peña Márquez, José Rodolfo Pérez Suárez y Juan Carlos García Gómez. La iniciativa fue radicada como proyecto de ley ordinaria, según el artículo 376 de la Constitución Nacional, y buscaba superar lo que Gómez Martínez denominó «bloqueo institucional».
«No se pueden hacer las reformas que el país necesita con el actual sistema político. Hay que enfrentar el bloqueo institucional con una nueva Asamblea Constituyente»
Miguel Gómez Martínez, columna en Portafolio, 27 de junio de 2012
El nuevo ministro de Hacienda deberá ahora gestionar las finanzas públicas bajo un gobierno que prometió blindar la Constitución del 91, mientras su propio pasado legislativo revela una postura favorable a cambiar las reglas de juego mediante una asamblea constituyente. El proyecto de 2012 quedó en el archivo del Congreso, pero su huella política resurge con esta designación, generando interrogantes sobre la coherencia entre el discurso de campaña y las acciones pasadas de uno de los hombres clave del gabinete de De la Espriella.
