Soldados que confesaron ejecuciones extrajudiciales en el macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz denunciaron ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP haber recibido sobornos de hasta 20 millones de pesos, amenazas de muerte, atentados y presiones para modificar sus declaraciones y proteger a altos mandos retirados. Entre los afectados figuran militares como el soldado Santiago Martínez, de nombre ficticio, el mayor retirado Daladier Rivera y el general retirado Paulino Coronado, quienes han enfrentado estos hostigamientos en lugares como Bogotá, el Caribe, Norte de Santander y Cúcuta. La abogada Tania Parra, defensora de algunos de estos comparecientes, ha alertado sobre el temor generalizado que impide a más testigos hablar libremente.
Los métodos de intimidación incluyen ofrecimientos de dinero para montar negocios, entre 5 y 20 millones de pesos según el caso, mensajes amenazantes, atentados armados y condicionamientos para acceder a pensiones o asesoría jurídica. Por ejemplo, Daladier Rivera, quien admitió 63 ejecuciones, sobrevivió a un atentado en julio de 2025 durante un velorio en Norte de Santander, donde recibió tres disparos y su cuñado falleció. Paulino Coronado, de mayor rango entre los que han reconocido participación, vio su residencia en Cúcuta allanada por hombres encapuchados el 19 de marzo, mientras que un soldado anónimo sufrió otro atentado en noviembre. Santiago Martínez, quien confesó 20 muertes en el Caribe y señaló a ocho superiores, recibió una oferta de 20 millones en Bogotá. Todo esto busca evitar la responsabilización de altos mandos en los falsos positivos investigados en este macrocaso, que acumula 4.653 víctimas, 867 testimonios de exintegrantes de las Fuerzas Públicas, 173 militares imputados y 21 comparecientes remitidos a la UIA.
Protección e inseguridad: la respuesta de la JEP
Las denuncias resaltan deficiencias en la protección otorgada por la JEP, con 27 militares retirados clasificados en riesgo extraordinario, de los cuales 10 reciben medidas blandas y 17 fuertes. La Unidad de Investigación y Acusación realiza estudios de riesgo y asigna medidas revisables a solicitud, pero los testigos cuestionan su efectividad ante audiencias y evaluaciones. Estos hostigamientos obstaculizan el esclarecimiento de responsabilidades y el acceso a la verdad para las víctimas en el marco del macrocaso 03, que indaga ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto armado.
“Mi coronel me dijo que me retirara de decir lo que estaba diciendo. Si no, no me iba a dejar pensionar. Le dicen a uno que no hable más en la JEP, que no los miente a ellos, que ellos lo único que pedían eran resultados, que nunca nos mandaron a matar a nadie, sabiendo que por radio solo decían: ‘Bajas, den bajas. Si no, no salen de permiso’”
Soldado anónimo
“Hay un temor generalizado para hablar, sobre todo por el hostigamiento de las personas que no quieren comparecer”
Tania Parra, abogada
“Se salvó, hijo de puta. Estamos esperando que salga. No descansaremos hasta darlo de baja por sapo”
Mensaje intimidatorio a Daladier Rivera
“Oigan, gran hptas sapos. ¿Van a seguir buscando? ¿No aprendieron la lección? No se les olvide que tienen la lápida pegada al culo, así como sus hijos o por donde más les duela, sapos hptas”
Mensaje intimidatorio a Daladier Rivera
Los comparecientes expresan frustración por la supuesta falta de respaldo institucional. “La JEP no nos está protegiendo y les está dando la espalda a los intervinientes”, denunció un soldado anónimo, mientras un militar retirado agregó: “Protege más a los guerrilleros que a uno. Uno dice que lo amenazan y no le paran bolas. Dicen que eso no es nada. Que se autoproteja…”. Tania Parra precisó que “el peligro para un compareciente significa hostigamiento, persecución, amenazas y atentados contra su vida”. Estas revelaciones aumentan la inseguridad para los testigos y subrayan la urgencia de fortalecer las medidas de protección para avanzar en la justicia transicional.
