El Ministerio de Ambiente, bajo la dirección del ministro Fabio Arjona, anunció la revocatoria de la Resolución 1037 que declaraba como reserva natural 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada fuera del Páramo de Santurbán. La decisión, que se formalizó a menos de dos semanas de la llegada del nuevo ministro, tiene como objetivo reiniciar el proceso administrativo para garantizar la participación ciudadana, la transparencia y el debido proceso, ajustándose a una orden judicial emitida por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga. En sus declaraciones, Arjona señaló que la consulta pública previa vulneró derechos fundamentales de los habitantes del municipio de California, Santander, y que la resolución original fue expedida en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, cuando había una tutela admitida y una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada, lo que suspendía legalmente la actuación administrativa.
El ministro explicó que la decisión no implica renunciar a la protección ambiental, sino rehacer el proceso con seriedad, participación y ciencia. «La decisión de declararlas reserva definitiva se tomó al cierre del Gobierno anterior y sin haber resuelto previamente asuntos fundamentales del procedimiento. Por eso la revocamos: no para renunciar a la protección ambiental, sino para rehacer el proceso con participación, transparencia, ciencia y seguridad jurídica», afirmó. Además, destacó que el Ministerio tiene documentadas más de 200 bocaminas ilegales en la zona y contaminación con mercurio y arsénico en el río Suratá, lo que evidencia la urgencia de proteger los recursos hídricos que abastecen a más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander. «Hoy tenemos documentadas más de 200 bocaminas ilegales y contaminación con mercurio y arsénico en el río Suratá», detalló el funcionario.
Un proceso marcado por la controversia jurídica
La resolución revocada protegía inicialmente las 1.499 hectáreas, pero el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga ordenó reiniciar el proceso porque la consulta pública realizada fue considerada insuficiente y vulneró derechos fundamentales. El ministro Arjona indicó que «el juez determinó que debía reiniciarse el proceso y dejarse sin efectos la consulta pública. Por eso revocamos la decisión». La tutela fue interpuesta por habitantes de California, Santander, y la orden judicial dejó sin efectos la consulta pública. Desde el Ministerio se anunció que se iniciará un nuevo proceso con una evaluación técnica y jurídica integral. «Proteger Santurbán también significa escuchar a quienes lo habitan, reconocer sus realidades y garantizar que las decisiones tengan participación y legitimidad», agregó el ministro.
El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán reaccionó con preocupación a la medida, señalando que esta decisión pone en riesgo el acceso al agua de cerca de 2 millones de personas y podría facilitar el avance del proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Aris Mining. A través de su cuenta en X, el Comité manifestó que «a menos de un mes de posesionado, el gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán». Además, convocaron a movilizaciones y acciones jurídicas en defensa del páramo, criticando que la decisión se tomó durante la emergencia por un terremoto reciente. «El agua y el futuro de Santurbán y demás páramos del país no se venden, se defienden», sentenciaron.
Un llamado a la sensatez y la ciencia
El ministro Arjona hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstengan de difundir desinformación sobre el proceso. «Dejemos de repetir como loros toda la desinformación que está circulando y empecemos a hablar de Santurbán con ciencia y sensatez», pidió. El Ministerio aclaró que las 1.499 hectáreas se encuentran fuera de los límites del ecosistema de páramo, y que el nuevo proceso garantizará la participación de todos los actores involucrados, incluyendo las comunidades locales, las autoridades ambientales y las organizaciones sociales. La decisión, que ha generado un intenso debate entre defensores ambientales y la ciudadanía, marca un nuevo capítulo en la larga historia de protección del Páramo de Santurbán, un ecosistema clave para la seguridad hídrica de la región.
