El Ministerio de Defensa de Colombia ha iniciado una acción de repetición ante la Sección Tercera del Consejo de Estado contra el general en retiro Juan Miguel Huertas, quien en ese entonces era capitán y comandante del Batallón de Artillería n.º 4 Jorge Eduardo Sánchez, junto con otros nueve oficiales, con el objetivo de recuperar 737 millones de pesos pagados como indemnización a los familiares de Norberto de Jesús Isaza Guzmán por su ejecución extrajudicial, confirmada como un falso positivo. El hecho ocurrió el 6 de junio de 2003 en una zona rural de Granada, Antioquia, donde un informe oficial firmado por Huertas describió un enfrentamiento con el frente Noveno de las Farc que resultó en la muerte de cuatro supuestos guerrilleros, incluyendo a Isaza Guzmán, aunque investigaciones posteriores, basadas en análisis topográficos y técnicos, desestimaron por completo esa versión al no encontrar ubicación ni pruebas de tal combate.
Este caso se enmarca en las denuncias de exsubordinados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes acusaron a Huertas de presionar por resultados operativos y facilitar armas para simular enfrentamientos. La JEP citó a Huertas por nuevos testimonios, y reportes de noviembre de 2025 lo vinculan con el oficial Wilmar Mejía y las disidencias de las Farc lideradas por Alexánder Díaz, alias Calarcá. La Procuraduría General de la Nación suspendió temporalmente a Huertas y a Mejía por tres meses, mientras que bajo el gobierno de Iván Duque fue retirado del Ejército; en contraste, durante la administración de Gustavo Petro fue reincorporado a un cargo estratégico y posteriormente desplazado a un puesto administrativo como personal agregado (Pace) en el Comando del Ejército, sin atribuciones operativas, mediante un decreto presidencial aún pendiente de firma.
Negaciones y relevos en la cúpula militar
Huertas ha negado cualquier vínculo con grupos ilegales y ha calificado las acusaciones como intentos deliberados para perjudicar su carrera militar. Estos eventos se producen en medio de cambios profundos en la cúpula de las Fuerzas Armadas que afectan a cinco altos mandos y a 18 generales, incluyendo relevos como los del mayor general José Enrique Gualteros Gómez, el brigadier general Olveiro Pérez Mahecha y el brigadier general Juan Diego Sepúlveda Palacio, con Giovanni Rodríguez León asumiendo la Inspección General del Ejército. La acción de repetición del Ministerio busca reembolsar con recursos propios los fondos entregados a los familiares de Isaza Guzmán, subrayando el compromiso con la reparación de víctimas de falsos positivos y la responsabilidad de los mandos involucrados.
