El Ministerio de Defensa de Colombia, liderado por el ministro Pedro Sánchez, presentó este viernes 3 de abril de 2026 la Resolución 000242 de 2025, con el fin de restringir la importación de drones utilizados de manera ilícita por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, así como el ELN. Esta medida responde a los 195 incidentes registrados en 2025, en su mayoría ataques contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
La resolución establece la exigencia de una declaración anticipada de importación para las partidas arancelarias 88.06 y 88.07, limita el ingreso de estos dispositivos únicamente a través de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, y prohíbe su entrada por vías de tráfico postal o envíos urgentes. Estas restricciones se implementan mediante la coordinación con ocho entidades estatales, en un esfuerzo por blindar las fronteras ante el uso delictivo de drones en operaciones contra las fuerzas del orden.
Reciente incautación y cifras alarmantes
Uno de los incidentes destacados ocurrió el 31 de marzo en la Ruta 40, en Puerto Carreño, Vichada, donde el Ejército Nacional incautó un dron valorado en más de 70 millones de pesos, perteneciente al frente José Daniel Pérez Carrero del ELN. El operativo fue llevado a cabo por la Vigésima Octava Brigada, el Batallón de Ingenieros Militares 28 y la Sijin, resultando en la captura de un hombre vinculado a esa estructura y el decomiso de material de intendencia de las Fuerzas Militares. En total, los 195 incidentes con drones delictivos en 2025 evidencian la creciente amenaza de estos grupos, cuyos líderes priorizan actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el contrabando.
Avances en soluciones tecnológicas
En respuesta a esta situación, el Ministerio de Defensa anunció en diciembre de 2025 un proyecto de pruebas técnicas para el control de drones, cuyo contrato se firmará en mayo próximo. Más de 40 empresas han mostrado interés en participar en estas soluciones, lo que abre la puerta a innovaciones para contrarrestar el uso indebido de estas aeronaves por parte de los grupos armados organizados.
Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la seguridad nacional y proteger a las instituciones castrenses de los ataques con drones, en un contexto donde la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para las operaciones ilícitas de estas organizaciones.
