El Ministerio de Educación Nacional, a través de su subdirector (e) de Inspección y Vigilancia, Harold Antonio Hernández, envió una carta formal al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, exigiendo un plan de austeridad inmediata y saneamiento financiero estructural con un plazo impostergable de dos días. Esta medida, circulada primero en redes sociales el viernes 5 de diciembre, busca abordar la grave crisis de liquidez que enfrenta la institución en Antioquia, Colombia, donde se han detectado gastos excesivos en funcionamiento, nóminas paralelas y serias dudas sobre su gobernanza, bajo amenaza de sanciones por incumplimiento.
La exigencia incluye un esquema detallado de reducción y contención de gastos de funcionamiento con aplicación inmediata, junto con mecanismos de seguimiento y reportes periódicos. La universidad debe justificar exhaustivamente sus gastos, revisar contratos administrativos, limitar erogaciones y colaborar con la inspectora designada, en un contexto donde un vigilante especial fue instalado en agosto precisamente por alertas sobre estos mismos problemas de gastos y gobernanza. Esta crisis pone en riesgo el pago de nóminas, salarios y primas de diciembre para docentes, empleados y administrativos, agravando la situación financiera que deja un déficit mínimo de 135.000 millones de pesos para cerrar el año.
Respuesta interna y temores en la UdeA
Desde la Universidad de Antioquia, el secretario general David Hernández confirmó que ya se convocó a una reunión de los equipos jurídico y financiero para elaborar la respuesta requerida, que además debe traducirse en un programa de saneamiento reflejado en el presupuesto para 2026. Internamente, existe temor a la destitución del rector Arboleda y a sanciones administrativas más severas si no se cumple con el ultimátum.
“plan de salvamento”
Gustavo Petro, presidente
El presidente Gustavo Petro ha calificado la situación como un “plan de salvamento” necesario para rescatar la institución, subrayando la urgencia de medidas drásticas ante un colapso financiero que podría tener repercusiones profundas en la educación superior pública del país. La Veintitrés Manizales sigue de cerca este desarrollo que podría marcar un precedente en la supervisión estatal de las universidades.
