El Ministerio de Defensa reveló un déficit de 960.000 millones de pesos en el sistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, correspondiente a obligaciones pendientes proyectadas al 31 de diciembre de 2026. La información fue presentada mediante una carta enviada a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes durante un debate de control político sobre el presupuesto 2027 del sector Defensa, en el que participaron los congresistas Simón Molina, de Antioquia; Maritza Álvarez Barrera, de Cundinamarca y el partido Mira; y Diana Riveros. El déficit fue identificado como una necesidad prioritaria de funcionamiento, resultado de obligaciones por prestación de servicios de salud y contratación de la red externa, explicaron desde la cartera de Defensa.
Las cifras presentadas ante la Comisión Segunda muestran que la ejecución presupuestal alcanzó apenas el 68% en compromisos, el 60% en obligaciones y el 60% en pagos. El déficit reportado se suma a la reducción cercana a los 40 billones de pesos en los recursos del sector Defensa, denunciada por los congresistas. Este escenario se da en el marco de un presupuesto nacional aprobado por 634,9 billones de pesos, y después de que las comisiones económicas del Congreso ya hubieran dado su visto bueno al monto global, lo que generó críticas de los parlamentarios por discutir las necesidades cuando el presupuesto ya estaba definido.
Presión sobre el sistema de salud castrense
El crecimiento de la demanda, el aumento en el costo de medicamentos y procedimientos, las enfermedades de alto costo y las contrataciones externas han incrementado la presión sobre el presupuesto del sistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Este régimen administrativo especial cubre consultas, tratamientos, medicamentos, procedimientos, insumos, dispositivos y tecnologías en salud para militares, policías y sus familias, y se financia con recursos del Presupuesto General de la Nación, aportes y cotizaciones obligatorias de los afiliados, recursos propios e ingresos por prestación de servicios. Los recursos también deben atender gastos de personal asistencial y administrativo, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de la red propia, contratación con prestadores externos, infraestructura y sistemas de información.
La carta del Ministerio de Defensa no atribuye el déficit a una administración determinada, pero plantea buscar recursos adicionales, priorizar obligaciones críticas, reforzar el seguimiento de los pasivos y evitar nuevas obligaciones sin respaldo presupuestal. A esto se suman necesidades específicas: la Dirección General de Sanidad Militar requiere 3.077 millones de pesos sin financiación; la Policía Nacional, en su componente de salud, necesita 3.804 millones de pesos; la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó una adición presupuestal de 22.606 millones de pesos para gastos de personal y operación; y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional reportó un déficit presupuestal de 809.911.989.322 pesos.
«Hagamos un frente común para exigirle al ministro de Hacienda que ponga más recursos para esta cartera»
Simón Molina, representante por Antioquia
La representante Maritza Álvarez Barrera, por su parte, solicitó ampliar el pie de fuerza en Cundinamarca, mientras que el debate puso en evidencia la fragilidad financiera de un sistema que atiende a miles de miembros de la fuerza pública y sus familias. El Ministerio, en su comunicación, precisó que «el déficit priorizado en funcionamiento asociado a las sanidades» refleja compromisos pendientes, principalmente por atención en salud y contratos con la red externa, un panorama que exige acciones inmediatas para evitar un colapso en la prestación del servicio.
