En un giro que evidencia la grave crisis que enfrenta el sistema de salud del magisterio colombiano, el Ministerio de Educación solicitó formalmente una auditoría forense al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), tras identificar 59 hallazgos que revelan fallas estructurales en el modelo de atención. La petición fue presentada por la ministra Myriam Hoyos Castañeda durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, donde compareció junto a los viceministros Álvaro Cifuentes y Octavio Ibarra. La senadora Claudia Margarita Zuleta, quien impulsó la citación, ha sido una de las voces más críticas frente a la gestión del fondo y el nuevo esquema implementado en mayo de 2024.
El Fomag, que administra las prestaciones sociales de los docentes colombianos, arrastra un patrimonio negativo de 3,1 billones de pesos y un déficit presupuestal que alcanza los 3 billones. A esto se suma que, según denunció la ministra Hoyos, la administración anterior giró 1,1 billones de pesos de recursos pensionales para cubrir gastos de salud, una práctica que habría desnaturalizado el modelo fiduciario. “Esa figura está encargada de gestionar recursos, pero la fiducia no está encargada de prestar ni el servicio de salud, ni tampoco hacerse cargo de las prestaciones relativas a pensiones y cesantías”, explicó la funcionaria durante su intervención en el Senado.
Un modelo que encarece y no resuelve
La senadora Zuleta basó su denuncia en el análisis de más de cien derechos de petición respondidos por ministerios, la Fiduprevisora, la Superintendencia Nacional de Salud y la Vicepresidencia del Fomag. Sus conclusiones apuntan a que el nuevo modelo de salud docente, lejos de resolver los problemas de acceso, elevó los costos administrativos y asistenciales de manera desproporcionada. Mientras que en 2024 el costo mensual por afiliado era de 32.033 pesos, para 2025 saltó a 43.878 pesos, un aumento nominal cercano al 37 por ciento. En los primeros meses de 2026, la cifra se ubicó en 36.089 pesos. Además, la UPC del Magisterio es un 62 por ciento superior a la de otros afiliados del sistema general de salud, rondando los 7 millones de pesos por persona.
La contratación por eventos asistenciales y de medicamentos alcanza el 89 por ciento de los servicios, y la Fiduprevisora suscribió aproximadamente 2.500 convenios con instituciones prestadoras y proveedores. Sin embargo, más del 30 por ciento de los municipios colombianos cuentan con un solo prestador para docentes, lo que limita la libre elección y la oportunidad de la atención. Las cuentas por pagar del Fomag ascendieron a 2,3 billones de pesos, con un incremento del 154 por ciento entre 2024 y junio de 2026. Los gastos administrativos se dispararon de 187 mil millones de pesos en 2024 a 435 mil millones en 2025, mientras que se registraron 43 otrosíes en los contratos, asociados a prórrogas y modificaciones que la ministra calificó como parte de una gestión irregular.
«A más recursos, menos servicios»
Myriam Hoyos Castañeda, ministra de Educación
La titular de la cartera educativa fue contundente al afirmar que “estamos ante una vulneración de los derechos de los maestros”. Frente a la gravedad de la situación, el Ministerio de Educación acudió a la Fiscalía General de la Nación y adelantará gestiones con los ministerios de Hacienda y Salud, así como con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), para buscar una salida concertada. La ministra reconoció que el esquema anterior al modelo de 2024 ya presentaba deficiencias, pero “de alguna forma funcionaba con las limitaciones que se dan en Colombia en relación con el servicio de salud”. No obstante, advirtió que el descalabro actual exige “responder a la situación recibida con decisiones que permitan sacar adelante el Fondo y proteger efectivamente la salud y los derechos de los maestros”.
Como parte de las acciones inmediatas, se convocó a un nuevo Consejo Directivo del Fomag para el 30 de octubre de 2026, fecha en la que se espera presentar un informe detallado sobre la situación financiera y operativa del fondo. Mientras tanto, el ministerio prepara un documento completo que será entregado a la Fiscalía para que la auditoría forense pueda esclarecer las responsabilidades detrás de las 59 fallas identificadas. La ministra Hoyos Castañeda también se reunió con funcionarios de la Secretaría de Educación de Bogotá para abordar proyectos universitarios, el estado del sector educativo y la infraestructura escolar del Distrito, en una agenda que busca equilibrar las urgencias del magisterio con la gestión administrativa cotidiana.
