El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liderado por Germán Ávila, defendió las inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) como un mecanismo esencial para financiar el sector agropecuario en Colombia, aclarando que no representan una expropiación de los ahorros de los colombianos. En un comunicado oficial, el Gobierno explicó el funcionamiento jurídico y técnico de esta obligación, que requiere a los establecimientos de crédito invertir un porcentaje de sus pasivos en TDA, según una fórmula definida por el Banco de la República, con los recursos canalizados posteriormente a Finagro para otorgar créditos de fomento adaptados al ciclo productivo rural. Esta respuesta surge ante las críticas del gremio bancario y exministros de Hacienda, así como la propuesta inicial del presidente Gustavo Petro para canalizar recursos hacia la emergencia climática a través del agropecuario, corrigiendo fallas de mercado derivadas de riesgos climáticos, biológicos y de precios.
El debate se intensificó por alertas del sector financiero sobre una posible menor rentabilidad de los depósitos, mayores tasas de interés y una reducción de 0,3 puntos porcentuales en el crecimiento económico, afectando a 38 millones de personas con ahorros en la banca. Sin embargo, el Ministerio enfatizó que esta medida impacta los balances de los bancos y no las cuentas de ahorro directas de los ciudadanos, posicionándola como un instrumento de política pública para garantizar financiamiento estable al campo frente a estos riesgos. Colombia mantiene un sistema de financiamiento diferenciado para el agropecuario desde hace 36 años, respaldado por los artículos 65 y 66 de la Constitución Política, que reconocen la producción de alimentos como actividad de especial protección estatal, y por la Ley 16 de 1990, que creó los TDA en un modelo mixto que combina regulación financiera con banca de desarrollo, distinto al financiamiento solo con erario público en la mayoría de países.
Impacto histórico en el sector agropecuario
Este sistema ha sostenido el 28,6 por ciento del PIB agropecuario y ha impactado positivamente a 2,3 millones de pequeños productores en las últimas dos décadas, permitiendo que más de 400.000 accedieran por primera vez al crédito de fomento entre 2022 y 2026, además de expedir más de un millón de garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías. Los recursos de los TDA, administrados por Finagro, se destinan a créditos con tasas y plazos acordes a la realidad rural, fortaleciendo la competitividad, la seguridad alimentaria y la reducción de brechas en el campo.
Respuesta del Gobierno a las críticas
El Ministerio de Hacienda llamó a separar los datos de la narrativa en medio de la discusión pública, invitando a un debate técnico y legítimo sobre el crédito rural.
«Las llamadas ‘inversiones forzosas’ no son una expropiación de los ahorros de los colombianos. Jurídica y técnicamente, se trata de una obligación que tienen los establecimientos de crédito de invertir un porcentaje de sus pasivos en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990».
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
«En medio de la discusión pública sobre las inversiones obligatorias en el sector agropecuario, conviene separar los datos de la narrativa. Desde hace 36 años, Colombia cuenta con un sistema de financiamiento diferenciado para el campo, respaldado por los artículos 65 y 66 de la Constitución, que reconocen la producción de alimentos como actividad de especial protección del Estado».
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Gobierno rechazó las simplificaciones que equiparan estas inversiones a un despojo, comparándolas con narrativas manipuladoras del pasado.
«Afirmar que las inversiones forzosas ‘se llevan la plata de los ahorradores’ es tan impreciso como cuando, en el debate del plebiscito, se instaló la idea de que los desmovilizados se quedarían con las pensiones de los adultos mayores. Es una simplificación diseñada para generar indignación, no para explicar el instrumento. Manipular el lenguaje es una estrategia conocida en campañas de opinión: se apela al miedo para redireccionar el debate».
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
«El debate sobre el crédito rural es legítimo y necesario. Pero si se quiere hablar de competitividad, seguridad alimentaria y reducción de brechas, la conversación debe partir de los hechos: las inversiones obligatorias no son un despojo de ahorros, sino un instrumento constitucional de política pública para garantizar que el campo tenga acceso real a financiamiento».
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Con esta postura, el Gobierno busca recentrar la discusión en los hechos y el respaldo constitucional, promoviendo un financiamiento sostenible para un sector clave en la economía nacional ante los desafíos climáticos y productivos actuales.
