El Ministerio de Hacienda, a través de su Dirección General de Apoyo Fiscal, emitió un concepto aclaratorio de alcance nacional que disipa las dudas sobre el tratamiento tributario de los subsidios de vivienda frente al impuesto de industria y comercio, conocido como ICA. La consulta fue elevada por la Secretaría de Hacienda del municipio de San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare, y la respuesta del Gobierno nacional ha puesto fin a la incertidumbre que compartían alcaldías, constructores, contratistas y ciudadanos sobre si los recursos provenientes de estos subsidios deben ser gravados por este tributo municipal y, en particular, si la obligación recae sobre el beneficiario de la ayuda estatal.
La respuesta del Ministerio es clara y contundente, al establecer que los recursos asociados a los subsidios de vivienda sí pueden integrar la base gravable del ICA, pero únicamente cuando estos dineros estén remunerando una actividad económica de naturaleza industrial, comercial o de servicios que se desarrolle dentro de la jurisdicción de un municipio. El concepto, fundamentado en el artículo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986, modificado por la Ley 1819 de 2016, despeja el principal malentendido: el hecho de que una obra sea financiada total o parcialmente con subsidios estatales no implica, de manera automática, que esos recursos queden por fuera del alcance del impuesto. Para tributarlo, la clave está en que los ingresos provengan de la actividad principal o, incluso, de actividades conexas realizadas en cumplimiento del objeto social del contratista, y no en la mera procedencia del dinero.
El contratista es el responsable, no el beneficiario
La aclaración del Ministerio de Hacienda es especialmente relevante para el sector de la construcción, que según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) inicia actualmente entre 115.000 y 116.000 viviendas nuevas cada año en el país. En un contexto donde los subsidios pueden alcanzar montos significativos —como en un supuesto ilustrativo de 200 viviendas de interés social (VIS) por un valor de 10.000 millones de pesos—, la diferenciación entre quién paga el impuesto y quién no es fundamental. La entidad fue enfática al señalar que el ICA no grava la mera recepción de recursos ni la condición de ser beneficiario de un programa estatal. La obligación tributaria recae exclusivamente sobre el contratista, es decir, sobre la persona natural o jurídica, sociedad de hecho, consorcio, unión temporal o patrimonio autónomo que realiza el hecho generador del impuesto al ejecutar la actividad económica en la jurisdicción municipal.
«Los recursos asociados a subsidios de vivienda pueden integrar la base gravable del ICA cuando remuneran una actividad industrial, comercial o de servicios dentro de un municipio.»
Ministerio de Hacienda, Dirección General de Apoyo Fiscal
La aclaración del Ministerio de Hacienda ratifica que la base gravable del ICA se compone de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe un contribuyente, salvo aquellas exclusiones que estén expresamente señaladas en la ley. Dado que no existe una exclusión general para los dineros provenientes de subsidios de vivienda, la carga impositiva debe ser asumida por el contratista que ejecuta la obra y genera los ingresos gravados. De esta forma, el ciudadano beneficiario de un subsidio para adquirir su vivienda puede estar tranquilo: el impuesto no recae sobre su bolsillo ni sobre su calidad de receptor de la ayuda estatal, sino que es un tributo que deben gestionar y pagar las empresas y profesionales que desarrollan la actividad constructora en cada municipio del país.
