El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, impulsa un proyecto de decreto para intervenir en el mercado secundario del gas natural y regular la comercialización del gas importado en Colombia. La iniciativa, liderada por el ministro Edwin Palma, busca limitar la especulación, poner fin a la intermediación de empresas que encarecen las tarifas y proteger así los precios para hogares e industrias ante una oferta restringida de gas.
El proyecto introduce el concepto de «situación de estrechez en la oferta», que facultaría al Estado para establecer límites y controles en el mercado secundario. Divulgado por el Ministerio, esta medida responde al hecho de que Colombia importa cerca del 25% de su consumo nacional de gas, en un contexto de creciente dependencia de las importaciones y el riesgo de un fenómeno de El Niño más intenso en 140 años, lo que podría agravar la escasez y generar incertidumbre en el abastecimiento.
Preocupaciones del sector y necesidad de regulación
La incertidumbre regulatoria generada por estas dinámicas podría desincentivar inversiones en infraestructura de importación y regasificación, advirtió Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). El ministro Palma enfatizó la urgencia de actuar contra prácticas que han afectado a millones de colombianos, quienes han pagado tarifas más altas debido a la especulación en el mercado.
«Poner fin a la intermediación de aquellas empresas que solo buscan márgenes costosos y que terminan encareciendo las tarifas de los usuarios, tanto en el mercado secundario como en el gas importado».
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
«Unos pocos jugaron con el mercado del gas mientras millones de colombianos terminaban pagando la cuenta con tarifas más altas e incertidumbre sobre el abastecimiento».
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
Esta propuesta busca estabilizar el suministro y evitar impactos mayores en hogares e industrias, especialmente en regiones como Manizales y el Eje Cafetero, donde la disponibilidad de gas es vital para la vida cotidiana y la actividad productiva. Las declaraciones del ministro y las alertas de Andeg subrayan la delicada balanza entre regulación estatal y desarrollo del sector energético en el país.
