El Ministerio de Minas y Energía, bajo la dirección del ministro Edwin Palma, emitió este 11 de febrero de 2026 la Circular 40009, mediante la cual ordena a los agentes generadores del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica reforzar el monitoreo de los embalses y activar de inmediato sus planes de contingencia. Esta medida surge en respuesta a la crisis generada por las inundaciones en el embalse de Urrá, ubicado en el departamento de Córdoba sobre el río Sinú y cercano a Montería, donde descargas controladas provocadas por lluvias atípicas han desbordado las capacidades del sistema y afectado gravemente a miles de familias en la cuenca del Sinú.
La circular instruye a los generadores a revisar diariamente los reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), planificar los niveles operativos de los embalses y mantener una comunicación fluida con las autoridades locales y nacionales. Esta determinación se basa en las sesiones extraordinarias de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética (Cacsse), así como en los pronósticos climáticos que advierten sobre posibles escenarios de déficit o exceso de lluvias, con impactos tanto en el sistema eléctrico nacional como en las comunidades aguas abajo de las represas.
Controversias y acciones paralelas en torno a Urrá
La situación en el embalse de Urrá ha escalado con la apertura de un proceso sancionatorio por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) contra Urrá S.A., acusada de exceder la Curva Guía Máxima del embalse, lo que agravó las inundaciones en municipios ribereños de Córdoba y llevó a Montería a declarar alerta roja. Además, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios investigar el manejo de la represa por presunto almacenamiento de agua con fines especulativos, para venderla a precios elevados en el mercado. En este contexto, el 9 de febrero renunció Juan Acevedo Rocha, quien se desempeñaba como presidente encargado de Urrá y estaba vinculado al proyecto por más de 30 años.
Las críticas no se han hecho esperar de la oposición y del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quienes han calificado el impacto del proyecto hidroeléctrico como histórico y devastador para la región, exacerbando la preocupación por la estabilidad energética del país y la protección de las comunidades afectadas. El Ministerio enfatiza la necesidad de una evaluación continua de los embalses para mitigar riesgos futuros y garantizar la operatividad del sistema interconectado.
