El Ministerio de Salud de Colombia, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció este 30 de diciembre de 2025, mediante un comunicado oficial, que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 alcanzará más de 101,3 billones de pesos, lo que representa un incremento del 12,94% respecto a los 89,8 billones de 2025 y suma más de 11,6 billones adicionales. Esta decisión, que busca cumplir con órdenes de la Corte Constitucional para equiparar el UPC del régimen subsidiado al 95% del contributivo, ha generado un fuerte rechazo de gremios del sector salud como Acemi, representada por su presidenta Ana María Vesga, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), dirigida por Juan Carlos Giraldo, y organizaciones como Pacientes Colombia, quienes argumentan que no considera el reciente incremento del salario mínimo decretado el día anterior por el Gobierno nacional.
Las cifras detalladas muestran una mayor variación en el régimen subsidiado con un aumento del 16,49%, mientras que el contributivo solo sube un 9,03%. Sin embargo, los gremios estiman que la necesidad técnica ronda el 17%, y tras descontar la inflación proyectada para 2025, el ajuste real se reduce a entre 4 y 5 por ciento, lo que agrava la crisis de deudas entre aseguradoras y prestadoras de servicios (IPS). Además, reportes como el de la Fundación Retorno Vital revelan esperas de hasta 250 días para medicamentos y un tiempo efectivo de tratamiento en 2024 de apenas 4,7 meses, evidenciando brechas territoriales y reducción en el acceso a servicios.
Críticas por insuficiencia y rezago actuarial
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, cuestionó la suficiencia del aumento al afirmar que “este aumento del 9% es, en realidad, un aumento real del 4 o 5% sobre la base de la inflación para el año 2025. Hay que decir también que estos cálculos, que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026, no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno nacional”. Agregó que “no reconoce entonces que hay un rezago actuarial muy importante en el sistema, expresado en las enormes deudas que hay entre aseguradoras y prestadoras y en toda la crisis”.
“Existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud”.
Juan Carlos Giraldo, director de Achc
Juan Carlos Giraldo, director de Achc, también pidió al Gobierno reconsiderar la cifra especialmente en el régimen contributivo y emitir circulares para trasladar el incremento a contratos y tarifas con las IPS, “para que se mantenga algún grado de equilibrio entre estas variables y se puedan tener unos mejores ingresos para un sector prestador que viene sufriendo dificultades”.
Contexto de sentencias judiciales y alertas del sector
Esta fijación de UPC responde a fallos históricos de la Corte Constitucional como la Sentencia T-760 de 2008, el Auto 411 de 2016 y los autos 007 y 2049 de 2025, que ordenan reducir las brechas financieras entre los regímenes subsidiado y contributivo, reconociendo mayores recursos a las EPS. No obstante, los gremios alertan que, pese a estos ajustes, persiste una crisis profunda con deudas acumuladas y problemas de acceso, lo que podría profundizar las inequidades territoriales y limitar la prestación de servicios esenciales en Colombia.
