El Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la dirección de la ministra Ana María Vesga, detectó un desfase de $2,9 billones entre los recursos comprometidos y las obligaciones efectivamente ejecutadas, situación que llevó a la suspensión temporal de nuevos procesos de contratación y a la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. La decisión, anunciada tras la posesión de la ministra, se fundamentó en los hallazgos de la auditoría interna y de la Contraloría General de la República, que evidenciaron serias deficiencias presupuestales, fallas en los controles fiscales internos y una opinión contable negativa sobre la vigencia 2025, lo que impidió que se feneciera la cuenta fiscal del ministerio.
Al explicar las razones de la medida, la ministra Vesga fue enfática en señalar el estado en que encontró la cartera. “Recibimos un ministerio con serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas”, afirmó, y agregó que no podían continuar con el trámite habitual de contratación. En ese sentido, la funcionaria recordó que expidió una circular que suspendió temporalmente los nuevos procesos, con excepciones sujetas a justificación y a su autorización previa. La denuncia penal, presentada personalmente ante la Fiscalía el 5 de septiembre, se dirige contra quienes resulten responsables por delitos contra la administración pública.
“No podíamos seguir firmando y tramitando como si nada hubiera ocurrido. Por esa razón, una vez posesionada, expedí una circular que suspendió temporalmente los nuevos procesos de contratación”.
Ana María Vesga, ministra de Salud y Protección Social
Los hallazgos detrás del desfase
La revisión inicial del equipo técnico del ministerio abarcó 28 resoluciones administrativas que contemplan 176 proyectos por un valor superior a los $490.000 millones. De ese universo, 108 proyectos, valorados en más de $365.000 millones, carecían de registro presupuestal, y el 83% de ese monto corresponde a infraestructura hospitalaria, uno de los sectores más sensibles para la atención de los ciudadanos. Las cifras oficiales también revelaron que, en agosto de este año, un rubro principal contaba con una apropiación de $4,4 billones, con compromisos por $4,3 billones, pero apenas $1,3 billones habían sido obligados y pagados, lo que explica la diferencia de $2,9 billones que encendió las alarmas.
La Contraloría General de la República había emitido una opinión contable negativa sobre la vigencia 2025 y no feneció la cuenta fiscal del ministerio, luego de encontrar posibles cobros de comisiones ilícitas e intermediaciones no autorizadas en el trámite de asignaciones presupuestales. Ante este panorama, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que rechazó cualquier práctica irregular y defendió la transparencia de su gestión.
“Cada peso comprometido será revisado y cada irregularidad será denunciada. Tenemos una sola instrucción: transparencia absoluta y los recursos de la salud al servicio de los colombianos”.
Comunicado oficial del Ministerio de Salud y Protección Social
En medio de la controversia, el Ministerio también aclaró que jamás se ha solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie pida comisiones o beneficios en su nombre. Ahora, con la denuncia penal en curso y la suspensión de la contratación como medida inicial, la ministra Vesga busca enviar un mensaje contundente sobre el manejo de los recursos públicos. El Ministerio de Salud queda así en el centro de una investigación que promete revisar cada peso comprometido, mientras el país espera que las acciones emprendidas logren restablecer la confianza en la gestión de los recursos destinados a la salud.
