El Ministerio de Transporte, liderado por Mafe Rojas, solicitó a TransMilenio S.A. un desglose detallado del análisis técnico que respaldó el aumento del 10,9 por ciento en la tarifa del sistema TransMilenio, que pasará de 3.200 a 3.550 pesos a partir del 14 de enero de 2026 en Bogotá y con extensión a Soacha. Esta petición, realizada en colaboración con la Superintendencia de Transporte, cuestiona la justificación del ajuste basada principalmente en el alza del 23 por ciento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional de Gustavo Petro, y exige un examen integral de costos que incluya el IPC, la eficiencia operativa y la gestión contractual.
La Alcaldía de Bogotá, bajo la dirección de Carlos Fernando Galán, y la empresa operadora habían impulsado este incremento, que supera la propuesta inicial de la capital de 3.450 pesos, argumentando la necesidad de cubrir los efectos del salario vital. Sin embargo, el Ministerio enfatiza que los costos laborales son solo una de las variables estructurales del sistema y no justifican un traslado inmediato y total a la tarifa sin un análisis riguroso.
Exigencia de razonabilidad técnica
El comunicado oficial del Ministerio de Transporte subraya su competencia para revisar, conceptuar y pronunciarse sobre la razonabilidad de los incrementos tarifarios, facultad que complementa la de los entes territoriales para fijar las tarifas. Se requiere diferenciar los impactos por inflación medida en el IPC, el salario mínimo y otros factores como la eficiencia operativa, en un contexto donde la Nación ha cofinanciado históricamente la infraestructura y ahora impulsa un convenio para la flota eléctrica en Bogotá y Soacha, con repercusiones en el Fondo de Estabilización Tarifaria.
«Los costos laborales corresponden únicamente a una de las variables estructurales del sistema y deben ser abordados a partir de un análisis integral».
Ministerio de Transporte
«En consecuencia, el aumento de esta variable, de forma aislada, no habilita un traslado inmediato y total a la tarifa sin un análisis técnico y financiero riguroso, debidamente sustentado».
Ministerio de Transporte
Este escrutinio cobra relevancia ante el impacto en los usuarios, particularmente aquellos de menores ingresos, quienes dependen del transporte público en la capital colombiana. La revisión busca garantizar que el ajuste sea proporcional y sostenible, evitando cargas desproporcionadas mientras se avanza en mejoras como la electrificación de la flota.
«El Ministerio de Transporte tiene la competencia para revisar, conceptuar y pronunciarse sobre la razonabilidad de los incrementos tarifarios».
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La respuesta de TransMilenio S.A. a esta solicitud será clave para validar o ajustar la medida, en un equilibrio entre las necesidades operativas y la protección al bolsillo de los bogotanos y soachunos.

















