El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció el 30 de diciembre de 2025 la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, fijándola en más de 101,3 billones de pesos, un incremento global del 12,94% respecto a los 89,8 billones de 2025, lo que representa un aumento de 11,6 billones de pesos. Sin embargo, esta decisión, emitida mediante un comunicado oficial, generó inmediatas críticas de gremios como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), encabezada por Ana María Vesga, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), dirigida por Juan Carlos Giraldo, y la organización Pacientes Colombia, quienes cuestionaron su insuficiencia al no considerar el reciente incremento del salario mínimo decretado el día anterior por el Gobierno nacional de Gustavo Petro.
El ajuste en la UPC del régimen subsidiado alcanza el 16,49%, mientras que en el contributivo es solo del 9,03%, en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional como la sentencia T-760 de 2008, el auto 411 de 2016 y los autos 007 y 2049 de 2025, que buscan equiparar el financiamiento del subsidiado al 95% del contributivo para reducir brechas financieras. No obstante, los gremios estiman que la necesidad técnica del sistema ronda el 17%, y el aumento real, descontada la inflación de 2025, se ubica entre el 4% y el 5%, lo que agrava un rezago actuarial marcado por enormes deudas entre aseguradoras e IPS, así como una crisis general que afecta el acceso oportuno a servicios.
Voces del sector alertan sobre riesgos de desfinanciamiento
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, enfatizó que en la UPC contributiva, donde se concentra la mayor proporción del gasto en salud, el aumento del 9% equivale en realidad a un 4 o 5% real tras la inflación, y lamentó que los cálculos no incluyeran el nuevo salario mínimo. Agregó que esta medida no reconoce el rezago actuarial evidente en las deudas y la crisis del sistema. Por su parte, Juan Carlos Giraldo, director de la Achc, advirtió sobre un desfase significativo entre el alza del salario mínimo y el ajuste de la UPC, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector prestador.
“Existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud”
Juan Carlos Giraldo, director de Achc
Giraldo pidió al Gobierno reconsiderar la cifra del régimen contributivo y expedir circulares para trasladar el incremento obligatoriamente a contratos y tarifas con las IPS, buscando equilibrar variables y mejorar ingresos para un sector en dificultades. Pacientes Colombia calificó el aumento del 9,03% como un “atentado contra la vida”, destacando esperas de hasta 250 días para medicamentos según la Fundación Retorno Vital, con tratamientos efectivos en 2024 promediando 4,7 meses, además de reducción en servicios, brechas territoriales en capacidad instalada y menor reconocimiento de recursos a las EPS.
Estas críticas subrayan un contexto de desfinanciamiento que amenaza la equidad y oportunidad en el acceso a la salud en Colombia, en medio de esfuerzos por acortar distancias entre regímenes, pero con deudas pendientes que podrían profundizar la crisis si no se corrigen las proyecciones para 2026.
