El Ministerio de Justicia ordenó el traslado de los cabecillas Digno José Palomino Rodríguez, líder de Los Pepes, y Jorge Eliecer Díaz Collazos, conocido como alias Castor de Los Costeños, junto con otros 18 reclusos, hacia la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque en Barranquilla. Esta decisión, plasmada en la Resolución 442 del 5 de diciembre de 2025 y firmada por el ministro encargado Andrés Idárraga y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Jorge Lemus, ha generado fuertes críticas por parte de la Alcaldía de Barranquilla, liderada por Alejandro Char, que cuestiona la falta de coordinación previa con el Distrito y la Gobernación del Atlántico.
La medida forma parte de la estrategia de Paz Urbana impulsada por el Gobierno nacional, con el objetivo de reducir la violencia en el departamento del Atlántico mediante diálogos exploratorios con estructuras criminales. La resolución autoriza contactos formales con estos líderes bajo estrictas instrucciones presidenciales y absoluta confidencialidad en todos los aspectos del proceso, incluyendo desarrollo, contenido, logística, avances y resultados. El traslado, vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), busca verificar la voluntad real de paz de estos cabecillas y avanzar en la formalización de mesas de diálogo alineadas con los objetivos definidos por el presidente de la República.
Críticas locales por riesgos de seguridad
La Alcaldía Distrital de Barranquilla expresó su apoyo histórico a los esfuerzos de paz, pero lamentó la ausencia de una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional. Autoridades locales activaron alertas ante el posible resurgimiento de violencia, extorsión y sicariato, temiendo que las cárceles de la ciudad se conviertan en centros de mando criminal o que las mesas de diálogo fortalezcan la ilegalidad, recordando controversias por traslados previos en los que líderes operaban desde prisión. Solicitaron canales permanentes con la Consejería de Paz y la Dirección Nacional de Inteligencia para evaluar impactos y reforzar medidas de seguridad ciudadana y penitenciaria.
«Siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional (…) con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad.»
Alcaldía Distrital de Barranquilla
En respuesta, el Gobierno nacional enfatizó que no se trata de un trato privilegiado, sino de un traslado estrictamente controlado para sostener una tregua y proteger a la población. El ministro Idárraga aclaró que los reclusos no van a un hotel, sino a una cárcel bajo vigilancia permanente del Inpec, priorizando control, legalidad y desarticulación criminal en beneficio de la ciudadanía de Barranquilla y el Atlántico.
«No van a un hotel; el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para sostener la tregua y proteger a la población (…) la paz no es impunidad, es control, legalidad y vigilancia permanente, siempre del lado de la ciudadanía.»
Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia y del Derecho
«Las personas autorizadas adelantarán sus labores bajo las precisas instrucciones que imparta el presidente de la República a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y estricta confidencialidad respecto de todos los aspectos relativos al desarrollo, contenido, logística, avances o resultados del proceso.»
Resolución 442 del Ministerio de Justicia
«Dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.»
Jorge Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia
Esta iniciativa se enmarca en la política de Paz Urbana, que apuesta por diálogos con grupos criminales para mitigar la violencia en zonas críticas, aunque genera tensiones entre el nivel nacional y las autoridades locales que exigen mayor transparencia y preparación para evitar repercusiones negativas en la seguridad pública.
