La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lanzó una seria advertencia sobre los intentos del empresario Emilio Tapia, condenado por corrupción, de infiltrarse en al menos cuatro licitaciones estatales a través de consorcios formados con empresas previamente sancionadas. Esta maniobra fue detectada recientemente en el desarrollo de la licitación para el proyecto vial La Llanada–Sotomayor en Colombia, donde estructuras vinculadas a Tapia buscan eludir inhabilidades legales al integrarse en uniones temporales sin la autorización correspondiente del liquidador judicial.
El caso saltó a la luz gracias a una revisión técnica y jurídica realizada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), que suspendió la audiencia de adjudicación al identificar irregularidades en el consorcio Caminos Estratégicos, integrado por una empresa sancionada ligada al escándalo de Centros Poblados, cuyo contrato está en caducidad y proceso de liquidación judicial. Emilio Tapia, quien cumple condena por corrupción, intenta así reaparecer en el sector público aprovechando vacíos normativos que permiten la participación en consorcios aunque las empresas no puedan hacerlo de manera individual.
Alerta a toda la administración estatal
La ministra Rojas enfatizó que estas prácticas no se limitan a su cartera, ya que se han detectado al menos cuatro procesos de contratación estatal recientes donde aparecen estas estructuras vinculadas a Tapia, y podrían extenderse a otras entidades del Estado. En entrevista con Caracol Radio, detalló cómo empresas ganadoras de licitaciones suelen ceder o vender contratos posteriormente, un patrón que agrava la preocupación por la reaparición de redes corruptas. Ante esto, se emitió una alerta formal a toda la administración pública para inspeccionar licitaciones en curso y reforzar la vigilancia.
“Se están presentando a cuatro licitaciones, pero en otras entidades del Estado se pueden estar presentando a otras”
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
La funcionaria explicó las limitaciones legales actuales, señalando que si Tapia o sus empresas se presentaran directamente, la ley lo impediría, pero al hacerlo a través de consorcios, los huecos normativos lo facilitan. Reveló además que el liquidador judicial de la empresa sancionada había advertido que no podía participar sin su autorización expresa, y que los documentos presentados eran contrarios a la normativa vigente.
“Si fuera la que directamente se presentara, la ley no lo dejaría, pero como no es directamente, sino consorciada, la ley lo deja”
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
“El liquidador dice: Esta empresa no puede participar en nada si no tiene autorización (…) y a mí no me habían contado, o sea, estaba presentando unos documentos contrarios a la ley y sin la autorización de quien hoy tiene esa representación”
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
Finalmente, Rojas hizo un llamado urgente a cerrar estos vacíos legales, argumentando que la normativa actual carece de herramientas para excluir automáticamente a empresas con antecedentes corruptos incluso de consorcios, lo que pone en riesgo la transparencia en las contrataciones públicas del país.
“La ley hoy no tiene herramientas para que una empresa con este récord automáticamente (…) no pueda ni siquiera consorciarse”
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
