La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, calificó como “incorrecto” que la eliminación de aranceles por parte de Ecuador sea presentada como un gesto político bilateral y aseguró que dicha medida responde, en realidad, al cumplimiento de las decisiones vinculantes de la Comunidad Andina (CAN). La afirmación se dio luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara en una comunicación virtual del 29 de mayo de 2024 con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella que desde el 1 de junio se levantaría la “tasa de seguridad” y que habría “0%” de la misma.
Durante meses, Ecuador impuso restricciones comerciales unilaterales que incluyeron aranceles a productos colombianos y la citada tasa de seguridad, una decisión que, según Colombia, viola los acuerdos vigentes en el marco de la CAN. Morales Rojas sostuvo que el levantamiento de esas restricciones no fue una concesión política, sino la consecuencia de aplicar las reglas comunitarias que ambos países han suscrito. “Los hechos hablan por sí solos. Durante meses, una decisión unilateral del Gobierno ecuatoriano perturbó una relación comercial profundamente complementaria, afectó el tejido empresarial de ambos países, interrumpió vínculos productivos construidos durante décadas y generó costos para las comunidades que dependen de la integración económica a lo largo de la frontera”, declaró la ministra en un comunicado público.
Una controversia que trasciende lo político
La discusión ha puesto en evidencia la fragilidad de la relación comercial binacional y el impacto directo sobre las cadenas productivas y las comunidades fronterizas que dependen del intercambio diario. Morales Rojas fue enfática al advertir que las medidas de política comercial no pueden convertirse en “instrumentos de contingencia electoral” y recordó que sus consecuencias recaen sobre empresas, trabajadores, productores y territorios cuya prosperidad depende de reglas estables y confianza mutua. “Las reglas comunitarias no son una mera formalidad legal. Son una garantía de estabilidad, confianza y prosperidad para quienes viven de la actividad productiva a ambos lados de la frontera”, añadió.
“Es una demostración de que las medidas de política comercial no producen efectos abstractos ni se agotan en el debate político. Mucho menos deberían convertirse en instrumentos de contingencia electoral. Sus consecuencias recaen sobre las empresas, los trabajadores, los productores y los territorios cuya prosperidad depende de reglas estables, confianza mutua y certeza institucional. Las reglas comunitarias no son una mera formalidad legal. Son una garantía de estabilidad, confianza y prosperidad para quienes viven de la actividad productiva a ambos lados de la frontera”.
Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
Por su parte, el presidente Daniel Noboa justificó las restricciones originales como una respuesta a necesidades internas de seguridad en la frontera, y no como una medida contra Colombia. En la conversación con Abelardo de la Espriella, el mandatario ecuatoriano afirmó: “El problema nunca fue contra Colombia. El problema fue por un gobierno que no le daba la gana por la seguridad de su propia frontera. Estoy convencido que con su fuerza lo va a lograr este fin de semana y desde el primero de junio tendrá levantada la tasa de seguridad. Habrá 0% de tasa de seguridad”. Sin embargo, desde el gobierno colombiano se insiste en que el canal institucional para resolver controversias comerciales es el sistema andino y que las decisiones deben explicarse bajo ese marco para evitar lecturas políticas que desgasten la relación bilateral.
La ministra Morales Rojas también advirtió que el deterioro de la relación comercial podía afectar el acceso de Ecuador a financiamiento internacional, mientras que el presidente Gustavo Petro expresó su disposición a la cooperación bilateral. Voceros colombianos han reiterado que el cumplimiento de las normas de la CAN no es negociable y que la eliminación de aranceles no debe ser presentada como un favor político, sino como la obligación que emana de los acuerdos comunitarios que ambos países han ratificado.
