La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, desmintió recientemente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al afirmar que solo el 34,5 por ciento de los 35.000 trabajadores del transporte público en la capital, es decir unos 12.000, devengan salario mínimo, y no el 87 por ciento que alegó el mandatario para justificar el aumento de tarifas en los sistemas TransMilenio, SITP y TransMiCable, implementado desde el 14 de enero pasado mediante una tarifa unificada de 3.550 pesos.
Esta controversia surge en medio de tensiones entre el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y la Alcaldía de Bogotá por el impacto del aumento del 23 por ciento en el salario mínimo sobre los costos operativos del transporte, con Rojas cuestionando la cifra del alcalde a través de una publicación en la red social X, mientras se adelantan reuniones técnicas entre el Ministerio de Transporte y la administración distrital para analizar los detalles.
Cifras en disputa y propuestas alternativas
La Alcaldía defiende el incremento, cercano al 10 por ciento, como inevitable y por debajo de los cálculos técnicos derivados del alza salarial, aunque el Ministerio solicitó información detallada sobre los costos operativos para evaluar la situación. Por su parte, el Gobierno nacional propone mantener la tarifa en 3.200 pesos y destina 1,5 billones de pesos para la modernización de la flota con buses eléctricos, una medida que Petro ha calificado de innecesaria, contraproducente y estafa para los usuarios bogotanos, abriendo la puerta a un diálogo técnico.
«No se puede subir el salario mínimo y mirar para otro lado»
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
«No el 87% que dice el alcalde»
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
Este pulso entre autoridades locales y nacionales pone en el centro del debate el futuro del transporte público en Bogotá, donde el Gobierno busca equilibrar los costos operativos con inversiones sostenibles para evitar mayores cargas a los ciudadanos.
