El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció en un acto celebrado en la Universidad Popular del Cesar la responsabilidad del Ejército en 23 ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, ocurridas entre 2002 y 2008 en el Caribe colombiano, específicamente en los departamentos de Cesar y La Guajira. Se detalló que estas víctimas fueron mostradas como combatientes caídos durante operaciones, cuando en realidad eran personas desarmadas que no participaron en combates.
La apertura de este expediente se inscribe en un proceso judicial que involucró al Batallón de Artillería N°2, conocido como La Popa, y al Grupo de Caballería Mecanizado N°2, Juan José Rondón. El acompañamiento de la Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) permitió avanzar hacia el reconocimiento de responsabilidad, con doce exintegrantes del Batallón La Popa condenados y once de ellos que admitieron su participación en un total de 135 muertes presentationadas como bajas en combate. Las víctimas pertenecían principalmente a las comunidades Wiwa, Kankuamo y Wayuú, e incluían menores de edad, entre ellos Noemí Pacheco Zabata, de 13 años, y Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17, así como otros jóvenes identificados como parte de las listas de las víctimas. También se mencionan nombres como Carlos Alberto Vega Camacho, de la comunidad Wiwa; Luis Ángel Fince Ipuana, de 18 años; Néstor Oñate Arias y Víctor Hugo Maestre, ambos de la comunidad Kankuamo, junto a otros jóvenes Wayuú.
El reconocimiento institucional y las reparaciones buscan hacer verdad y justicia
La actuación de las autoridades en este caso evidencia una manipulación de los cuerpos para presentar resultados operacionales y se enmarca en una política institucional que, según las investigaciones y las declaraciones de las partes involucradas, fue tolerada desde las esferas más altas. En este contexto, el Estado ha avanzado en declaratorias de reparación y en la adopción de medidas orientadas a la verdad, la memoria y la justicia, en cumplimiento de las resoluciones y sentencias de la JEP.
«Pido perdón a las madres, padres, hijos e hijas, a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí y fueron víctimas de acciones ilegales, reprochables y criminales cometidas por unos exintegrantes del Ejército Nacional. Actos que ameritan un rechazo institucional y la aplicación de la justicia» – Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
En la misma línea, el ministro Pedro Sánchez añadió: «Con la verdad revelada, confirmamos que ninguno de ellos fue guerrillero, delincuente o muerto en combates. Fueron ciudadanos, miembros de comunidades indígenas, padres, madres, hijos y trabajadores, cuyas vidas fueron arrebatadas por la acción criminal de unas personas que, además de cometer un crimen, desobedecieron la ley y deshonraron la ética militar».
Además, Sara Villamil, abogada de Cajar, advirtió que «la planeación, ejecución y encubrimiento de estos actos criminales que concluyeron con el asesinato a sangre fría de hombres, mujeres, jóvenes e incluso niñas y niños inocentes, no fueron hechos aislados producto de desviaciones individuales, sino actos criminales reproducidos por múltiples unidades militares, lo que demuestra que fue una expresión misma de una política institucional impulsada y tolerada desde las más altas esferas».
Por su parte, Irma Fince, hermana de Luis Ángel Fince, subrayó: «No vengo a hablar de odios ni a exigir venganza; vengo a hablar de verdad, memoria y justicia, porque, mientras la verdad no se diga, la herida seguirá abierta y, mientras la justicia no actúe, la paz no será más que una palabra vacía (…) mi conciencia me obliga a no callar. Que la muerte de mi hermano no se quede en la impunidad y que no se repita este acto cobarde contra ningún ciudadano indefenso».
Este reconocimiento público forma parte de un marco más amplio de reparaciones y de condenas que ha dictado la JEP, y refuerza la voluntad de las autoridades de desmontar la narrativa de que existían combatientes fieles y de honrar a las víctimas de Cesar y La Guajira. En términos prácticos, las investigaciones señalan que las víctimas estaban desarmadas y que, bajo la tesis de operaciones, los cuerpos fueron manipulados para sostener una narrativa operativa, lo que constituye graves violaciones de derechos humanos y, en varios fallos, crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad institucional, según las declaraciones de la defensa y de la JEP, apunta a una política tolerada desde las altas esferas y a la necesidad de avanzar en la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.
