El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, reconoció este 16 de marzo de 2025, durante una visita al norte de Antioquia, el recrudecimiento de la violencia en la región y anunció una ofensiva militar que contará con refuerzo de 200 soldados, nuevas embarcaciones fluviales y tecnología aérea. La visita abarco Briceño, Tarazá, Anorí, El Bagre y Valdivia, en el marco del Bajo Cauca antioqueño, donde se intensifica la violencia y se desplazan comunidades enteras. El plan de intervención prevé una presencia militar permanente, drones de reconocimiento, botes de bajo calado y unidades especializadas de inteligencia, con una coordinación estrecha entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía, además de una estrategia para erradicar la minería ilegal y un programa para prevenir el reclutamiento infantil.
El ministro subrayó que estas estructuras criminales buscan controlar las rutas del narcotráfico, los puntos de extracción minera y los corredores estratégicos hacia el norte del país, y que esa disputa es la principal causa del incremento de homicidios y desplazamientos. Afirmó también que no existe cese al fuego con organizaciones criminales y recordó que en Antioquia se han desplegado más bombardeos que en cualquier otro departamento durante este año. En las últimas semanas se han registrado más de 2.700 desplazados, Briceño entre los municipios más afectados, y la ofensiva contempla, además del refuerzo de 200 soldados, la implantación de drones de reconocimiento, botes de bajo calado y unidades de inteligencia. Entre las medidas de corto plazo figura la erradicación de la minería ilegal en el Bajo Cauca antes del 15 de noviembre y la creación de una fuerza especial integrada por el Ejército, la Policía Ambiental y la Fuerza Aérea para ejecutar operaciones y vigilancia.
Contexto regional y respuestas institucionales
La región ha sido escenario de un complejo enfrentamiento entre el Clan del Golfo y las disidencias del Frente 36 de las Farc en el norte de Antioquia, con oleadas de desplazamientos y ataques selectivos y una economía ilegal que emerge como motor de la violencia. Este anuncio de ofensiva y de un refuerzo de seguridad llega en un momento de intensificación de esfuerzos para cortar esas economías ilícitas y restablecer el control sobre corredores estratégicos. Se espera un incremento de la seguridad en zonas rurales y posibles retornos de familias desplazadas, al tiempo que se activa una mayor coordinación entre las autoridades para proteger a la población y garantizar la continuidad de servicios básicos, acompañado de fondos y mecanismos de protección humanitaria.
La Gobernación de Antioquia creó un fondo de emergencia para asistir a las comunidades afectadas; la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación solicitaron activar rutas de atención y protección para las familias desplazadas; el Consejo de Seguridad Departamental estableció un puesto de mando unificado para monitorear desplazamientos y coordinar la asistencia humanitaria; y el gobernador Andrés Julián Rendón pidió presencia institucional permanente y una intervención sostenida para evitar nuevas expulsiones de comunidades campesinas.
«Estas estructuras criminales buscan controlar las rutas del narcotráfico, los puntos de extracción minera y los corredores estratégicos hacia el norte del país. Esa disputa es la que genera el incremento de homicidios y desplazamientos» – Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
«No hay ningún tipo de cese al fuego con organizaciones criminales. En Antioquia se han desarrollado más bombardeos que en cualquier otro departamento durante este año» – Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
Con estas acciones, se busca fortalecer la seguridad en las zonas rurales, facilitar el retorno de las comunidades desplazadas y presionar a las estructuras criminales para abandonar sus rutas. La respuesta institucional se apoya en la coordinación entre las autoridades y en la necesidad de proteger a las familias afectadas, con la activación de fondos y mecanismos de protección humanitaria para evitar nuevas expulsiones y garantizar la continuidad de servicios básicos para las comunidades.
