Ministro de Defensa cierra megaproyecto antidrones de $6,2 billones

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En un tenso debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, realizado el pasado 17 de noviembre, el actual ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, lanzó duras críticas contra la administración anterior por la gestión del megaproyecto Escudo Nacional Antidrones. Mora afirmó que la falta de avances en esta iniciativa, heredada del gobierno de Gustavo Petro y liderada inicialmente por el entonces ministro Pedro Arnulfo Sánchez, permitió que los grupos armados fortalecieran sus capacidades tecnológicas, específicamente en materia de drones, mientras el Estado colombiano se quedaba sin herramientas para contrarrestarlos.

Durante su intervención, el ministro Mora detalló el fracaso de un proceso que, según dijo, recorrió 12 países en tres continentes y evaluó a 22 empresas extranjeras, sin lograr un solo resultado concreto. «¿Y cuál fue el resultado real que encontramos al asumir el ministerio? Cero soluciones viables, lo que obligó al cierre técnico de ese proceso mediante una resolución que sacamos el 14 de agosto», señaló el funcionario, evidenciando la parálisis de un proyecto que inicialmente se proyectó con un presupuesto de 6,2 billones de pesos.

Un proyecto millonario sin ejecución

El Escudo Nacional Antidrones, anunciado en enero de 2026 durante el gobierno de Gustavo Petro, tenía como objetivo principal contrarrestar la creciente amenaza de drones utilizados por grupos armados. La primera fase del proyecto estaba presupuestada en un billón de pesos, aunque luego fue ajustada a 800.000 millones debido a limitaciones presupuestales. Sin embargo, según la exposición del ministro Mora, nunca se ejecutó un solo peso de esa millonaria partida. El exministro Pedro Arnulfo Sánchez se defendió argumentando que, tras evaluar a 119 empresas de 21 países y realizar pruebas en varias naciones, ninguna solución ofrecida satisfacía integralmente la necesidad operacional, por lo que no se giraron recursos desde Hacienda. El comité técnico habría recomendado no adquirir bajo esas condiciones para evitar «brechas de capacidad» y «riesgos operacionales, técnicos, de integración y sostenimiento».

«Las unidades no podían comprar inhibidores porque duraron todo ese tiempo que ellos iban a comprar y el gran presupuesto de Escudo Antidrones, y lo que hicieron fue que en ese tiempo los grupos armados se fortalecieron en tecnología, en adquisición, porque como son multimillonarios y lo pueden comprar por Internet, asesoría desde Ucrania recibieron y allá ellos ahoritica tienen una gran capacidad antidrón y el gobierno anterior prohibió la compra de inhibidores»

Jorge Mora, ministro de Defensa

La crítica más severa del ministro Mora se centró en una circular emitida el 31 de marzo de 2026 por la anterior administración, que bloqueó la compra directa de sistemas antidrones e inhibidores mientras el proyecto central continuaba su curso, el cual nunca llegó a materializarse. Esta decisión, según el actual titular de la cartera de Defensa, dejó a las unidades militares y policiales sin capacidad de reacción inmediata frente a la amenaza de drones. «En ese tiempo los grupos armados se fortalecieron en tecnología, en adquisición, porque como son multimillonarios y lo pueden comprar por Internet, asesoría desde Ucrania recibieron y allá ellos ahoritica tienen una gran capacidad antidrón», denunció Mora, subrayando la paradoja de que mientras el Estado colombiano quedaba maniatado, las organizaciones criminales avanzaban en su equipamiento tecnológico. Las evaluaciones de las 22 empresas extranjeras se realizaron en países como Estados Unidos, España, Francia, Polonia, Tailandia, India y Lituania.

Cierre técnico y responsabilidad política

La actual administración, a través de una resolución expedida el 14 de agosto, dio por cerrado técnicamente el proceso del Escudo Nacional Antidrones, dejando sin efecto la ambiciosa iniciativa que pretendía blindar al país desde el aire. El exministro Pedro Arnulfo Sánchez, por su parte, respondió a las críticas señalando que corresponde al actual Gobierno gestionar los recursos necesarios para continuar con el proyecto, insinuando que la responsabilidad del fracaso no recae exclusivamente en la administración pasada. Mientras tanto, el debate deja en evidencia una preocupante realidad para la seguridad nacional: el Estado colombiano perdió un año valioso en la carrera tecnológica contra los grupos armados, que aprovecharon la inacción oficial para adquirir y desarrollar su propia capacidad antidrones, un vacío que la actual administración deberá ahora enfrentar sin el megaproyecto que prometió ser la solución definitiva.

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