El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió este miércoles la transparencia en la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, un contrato valorado en más de 16 billones de pesos que constituye la segunda inversión más alta en la historia reciente del país, solo superada por el metro de Bogotá. Las declaraciones del funcionario se producen en medio de una investigación previa abierta por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, tras una denuncia del ciudadano Pablo Bustos que alega posibles delitos como interés indebido, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Durante su visita a Barranquilla, Sánchez aseguró que la operación ha sido revisada tanto por la Contraloría General de la República como por la Procuraduría General de la Nación, sin que se hayan encontrado irregularidades. El ministro explicó que la decisión de adquirir los cazas suecos, de la empresa Saab, no fue tomada por el presidente Petro, sino por un grupo multidisciplinario de más de 100 expertos que trabajó durante más de una década en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estas instancias técnicas evaluaron factores como superioridad aérea, supervivencia, capacidad de ataque, tecnología, sistemas logísticos, armamento, garantías, entrenamiento y escalabilidad. Las primeras unidades están previstas para llegar al país en 2027.
«No hay ninguna irregularidad. La Contraloría General de la República ha revisado y el mismo contralor, Carlos Hernán Rodríguez, ha dicho que no encuentra ninguna irregularidad. Lo mismo la Procuraduría General de la Nación, hicieron las averiguaciones y quiero decirle al pueblo colombiano que deben tener tranquilidad. Aquí lo único que hay es transparencia y es una decisión no para un Gobierno; es para un país por los próximos 40 años. Es una de las inversiones más altas que hemos tenido, pero también con total transparencia».
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
La investigación, que se encuentra en etapa preliminar, fue iniciada por la representante Gloria Elena Arizabaleta, integrante de la Comisión de Investigación y Acusaciones. En ese marco, se ordenó la recolección de pruebas, la citación a declaración del ministro Sánchez y la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la primera dama, Verónica Alcocer, quien ha sido vinculada a la polémica por presuntas gestiones relacionadas con el contrato. Además, la Comisión solicitó documentación adicional a la Presidencia de la República, la Procuraduría y la Contraloría.
El contrato, anunciado oficialmente en noviembre de 2025, ha sido defendido por Sánchez como una decisión estratégica para fortalecer la capacidad aérea nacional durante las próximas cuatro décadas. El ministro enfatizó que el proceso fue asesorado por una firma especializada y que la transparencia ha sido total. «Pueden estar totalmente tranquilos que hay total transparencia… estamos abiertos para que confirmen que esta fue la mejor decisión acorde a las condiciones colombianas», concluyó, en un mensaje dirigido a la ciudadanía y a los órganos de control que continúan examinando los pormenores de la millonaria operación.
