El Ministerio de Hacienda de Colombia, liderado por Miguel Gómez Martínez, desmintió categóricamente que la reforma tributaria denominada ‘Ley de Rescate Económico’ obligue a declarar o pagar impuesto sobre la renta a personas con salarios de 3.100.000 pesos mensuales. A través de declaraciones en redes sociales y entrevistas, el ministro aclaró que dicha cifra corresponde a la base gravable depurada tras aplicar los descuentos legales por salud, pensión y rentas exentas, y que el pago efectivo del impuesto comienza con ingresos brutos cercanos a los 5.000.000 de pesos al mes. La aclaración se hizo necesaria para corregir la confusión generada por la interpretación del nuevo umbral exento propuesto de 720 UVT anuales, equivalentes a unos 3.140.000 pesos mensuales, que erróneamente se había tomado como el salario mínimo para tributar, sin considerar que la base gravable se depura con los descuentos establecidos en la ley.
Para entender la mecánica, el ministerio explicó que el umbral para declarar renta se mantiene sin cambios: quienes tengan ingresos brutos anuales iguales o superiores a 69.718.600 pesos siguen obligados a presentar la declaración. Lo que modifica la reforma, que aplica para el año gravable 2025, es el piso exento para calcular el tributo, que se reduce de 1.090 UVT a 720 UVT. Con una UVT proyectada en 52.374 pesos para 2026, este nuevo piso exento equivale a 37.700.000 pesos anuales o 3.140.000 pesos mensuales. Sin embargo, este piso se aplica sobre la base gravable depurada, no sobre el salario bruto. Por ejemplo, una persona con ingresos brutos de 5.000.000 de pesos mensuales, tras descontar el 8% por salud y pensión y el 25% por renta exenta laboral, obtiene una base gravable de 41.400.000 pesos anuales (790,5 UVT). Sobre esta base, solo se aplica una tarifa marginal del 9% sobre el excedente de las 720 UVT, lo que resulta en un pago efectivo reducido. Además, el proyecto elimina las tarifas del 35% y 37%, y establece una tarifa máxima del 39% para rentas superiores a 8.670 UVT anuales (base gravable mensual de 37.800.000 pesos), frente a los 135.300.000 pesos vigentes.
«No es cierto que Ley Rescate establezca renta a personas con salarios de 3,1 millones. La ley no cambia las reglas para declarar. El pago efectivo empieza con ingresos de cerca de $5 millones al mes, y con tarifas muy bajas»
Miguel Gómez Martínez, Ministro de Hacienda
La necesidad de ampliar la base tributaria fue respaldada por el economista Alberto Bernal, investigador del Instituto Chazen de la Universidad de Columbia, quien señaló que “un país donde solo el 8% de la población declara renta no es viable”. Bernal aclaró que su comentario sobre los 3.100.000 pesos se refería a la obligación de declarar, no al pago efectivo. En la misma línea, el exfiscal general Francisco Barbosa afirmó que “no hay posibilidad de construir un país si quienes devengan menos de 3.000.000 de pesos no pagan renta”. Por su parte, Daniel Gómez Gaviria, exsubdirector del DNP, propuso un enfoque alternativo: “Una buena reforma tributaria debe recaudar lo necesario. Quien consume más paga una proporción mayor. Quien ahorra e invierte posterga el pago del impuesto hasta que utiliza esos recursos para consumir”. Gómez Gaviria aboga por orientar la progresividad al consumo, con una ampliación de la base del IVA, devoluciones y protección del consumo básico para evitar un impacto regresivo en los hogares de menores ingresos.
Advertencias de los analistas
Héctor Ramírez, socio de PPU, advirtió que la combinación del nuevo umbral, las tarifas marginales más bajas, la menor renta exenta y las menos deducciones podría aumentar el número de contribuyentes que pagan y elevar las tarifas efectivas. Julio Toro, de Toro Asociados, señaló que los escalones de 35% y 37% desaparecen y todas las rentas superiores a 8.670 UVT pasan a tributar al 39%. Estos cambios, según los analistas, requieren un análisis detallado para evaluar su impacto real en los contribuyentes.
El debate sobre la reforma tributaria continúa en el Congreso, mientras el Gobierno defiende la necesidad de ampliar la base de contribuyentes y hacer el sistema más progresivo, en medio de opiniones divididas sobre el mejor camino para lograr un sistema fiscal más equitativo y eficiente.
