El ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió este miércoles en un evento del Tribunal Superior de Bogotá el recorte de cerca de 170.000 millones de pesos al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para 2027, y afirmó que la medida no está dirigida contra esa jurisdicción sino que responde a un ajuste general que también afecta a otras entidades del sistema judicial. «Hemos escuchado incluso altas cortes quejándose, diciendo que es que los estamos persiguiendo o que los estamos desfinanciando», declaró, antes de añadir que «la JEP tampoco es extraordinaria».
La reducción, aprobada mediante decreto presupuestal, deja a la JEP con un presupuesto cercano a los 721.803 millones de pesos, cuando la proyección inicial superaba los 947.000 millones. Del monto recortado, el Gobierno planea reasignar alrededor de 100.000 millones a la justicia ordinaria —distribuidos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Rama Judicial— y otros 70.000 millones al sector del deporte. Un recorte adicional de 11.402 millones de pesos no quedó en firme, por lo que el ajuste se mantiene en los niveles mencionados. Todo esto se enmarca en un presupuesto general del Estado de 534,9 billones de pesos para 2027, en medio de lo que el ministro denominó una «crisis fiscal» heredada de la administración anterior.
La JEP, creada a raíz del Acuerdo de Paz con las Farc y operativa desde 2017, atraviesa una etapa crucial de cierre de investigaciones y avance de juicios contra los antiguos integrantes de esa guerrilla. Por eso, el recorte ha generado fuertes críticas. El presidente saliente del tribunal transicional, Alejandro Ramelli, y congresistas de distintas bancadas —entre ellos algunos del Pacto Histórico— han advertido que la falta de recursos podría afectar la programación de audiencias, el acompañamiento psicosocial a las víctimas, la representación judicial y las medidas de seguridad para comparecientes y testigos. La JEP ha elevado estas preocupaciones ante organismos multilaterales como la Corte Penal Internacional (CPI), que vigila el cumplimiento de las obligaciones del Estado en justicia transicional.
«La Honorable Corte Suprema de Justicia ha sufrido también un recorte, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría. Y no lo han tomado como una persecución, sino que han entendido el estado de las finanzas del Estado colombiano», afirmó Cancino. «Se lo dije al ministro de Hacienda: con lo que usted me dé, voy a cumplir».
Iván Cancino, ministro de Justicia
Cancino insistió en que el Ejecutivo estudiará las propuestas que presente la JEP y aseguró: «¿Vamos a tratar de encontrar propuestas? Por supuesto. ¿Vamos a estudiar, honorable presidenta, lo que usted nos ha analizado? Por supuesto que lo vamos a analizar». No obstante, subrayó que la discusión debe traducirse en resultados para «encontrar las soluciones para que pueda hacer una justicia asequible». Mientras tanto, la reducción ha sido respaldada por sectores de la oposición: el senador Carlos Meisel y el representante Daniel Briceño, ambos del Centro Democrático, y el senador Enrique Gómez Martínez, director del partido Salvación Nacional, consideran que la medida es un ajuste fiscal necesario. Sin embargo, la controversia sigue abierta, y la JEP mantiene sus alertas sobre el impacto que el recorte podría tener en la paz y los derechos de las víctimas.
