El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que solicitará al Ministerio de Hacienda la inclusión de un impuesto a las utilidades de las empresas del mercado eléctrico en la reforma tributaria que el Gobierno radicará el próximo 20 de julio de 2026 ante el nuevo Congreso. La declaración se realizó durante la entrega de la Granja Solar Fotovoltaica de El Agrado, en el departamento del Huila, donde el funcionario explicó que el objetivo es evitar que las deudas del sector energético se trasladen a los ciudadanos a través de las facturas de energía.
“Le voy a pedir al ministro de Hacienda que eso no salga del bolsillo de los ciudadanos, que en parte esas deudas las paguen las utilidades de las mismas empresas”, afirmó Palma, quien detalló que la propuesta al Ministerio de Hacienda busca incorporarla en la ley de financiamiento. Actualmente, los usuarios asumen un cargo por confiabilidad que supera los 6 billones de pesos anuales, una cifra que el Gobierno pretende reducir mediante la nueva tributación. Según los cálculos oficiales, los ingresos adicionales proyectados para el sector alcanzarían los 21,8 billones de pesos en 2027 y podrían ascender hasta 37 billones en 2030.
Contexto de la reforma y presiones presupuestales
La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por atender presiones presupuestales y reducir los riesgos asociados a la deuda pública. La reforma tributaria, que plantea un incremento progresivo del recaudo fiscal en cuatro años, también busca darle mayor estabilidad al sistema energético colombiano, afectado por deudas que han generado tensiones entre los agentes del mercado. A través de esta medida, el Ejecutivo espera cubrir esas obligaciones sin que los usuarios finales tengan que asumirlas directamente en sus facturas.
“Le voy a pedir al ministro de Hacienda que eso no salga del bolsillo de los ciudadanos, que en parte esas deudas las paguen las utilidades de las mismas empresas”
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
Paralelamente, el Gobierno reactivó el intercambio de energía con Venezuela y Ecuador mediante dos resoluciones que establecen reglas para interconexiones bilaterales bajo criterios de seguridad y confiabilidad. En este contexto, el Centro Nacional de Despacho podrá limitar las exportaciones para priorizar el abastecimiento nacional cuando las condiciones del sistema así lo requieran. “Ha sido una decisión política del presidente interconectar nuestros países… son los tiempos de la integración, no son tiempos del egoísmo ni de aislarnos”, sostuvo Palma, subrayando la importancia de mantener el equilibrio entre la cooperación regional y la protección de los consumidores colombianos.
