En medio de una polémica que sacude al sector salud, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo solicitó atención médica especial para un allegado de Keralty, la EPS del grupo Sanitas, para un periodo comprendido entre el 10 y el 16 de noviembre. La petición se hizo mediante una llamada telefónica para pedir ayuda en la atención de la persona, aun cuando el ministro ha sido crítico público del modelo de aseguramiento y de la propia EPS del grupo Sanitas. El hecho se inscribe en un marco de tensiones entre el Gobierno y las promotoras de salud y suma un nuevo episodio a una discusión que continúa en el ámbito institucional.
Los antecedentes de la historia muestran una confrontación entre el Gobierno y las EPS promotoras; la organización destaca además que ha permanecido en Colombia más de cuarenta años y que bajo su operación han nacido casi un millón de colombianos. Blu Radio reportó la temporalidad de la llamada y las reacciones que desencadenó, mientras Keralty sostiene que seguirá con la tutela y que la rectificación presidencial no cumple con los estándares del Consejo de Estado. En la controversia, el presidente Gustavo Petro afirmó que el sistema de salud colombiano opera como un “sistema criminal”. En la comunicación de Keralty se citan señalamientos como «muchos de los que hoy nos atacan públicamente nos buscan en secreto» y «Por la puerta de atrás o mediante llamadas discretas piden atención para sus hijos, para sus padres, para sus amigos y para ellos mismos».
La disputa entre el Gobierno y las EPS se intensifica tras la revelación de la llamada y las respuestas de Keralty
Este episodio llega en medio de una campaña de desconfianza entre el Ejecutivo y las promotoras y se enmarca en distintas batallas públicas y judiciales. Keralty afirma que persistirá en la tutela y que la rectificación presidencial no satisface los requerimientos del Consejo de Estado, mientras el Gobierno sostiene su posición frente a las críticas al sistema de aseguramiento. Petro rectificó con la frase «alguien se confundió» y añadió que el Estado decide quién puede ingresar al territorio, lo que añade un componente político a una discusión técnico-sanitaria.
«Cuidar es un deber moral, no un gesto político» – Joseba Grajales, presidente de Keralty
La historia no cierra aquí: la disputa se mantiene y se intensifica, con señalamientos de doble rasero y debates sobre transparencia y ética en la relación entre el sector público y las EPS privadas. Keralty, por su parte, insiste en defender su posición ante la opinión pública y en la vía judicial, mientras que las autoridades evalúan los próximos pasos en medio de este pulso que redefine el clima de la salud en el país.
